Los inmigrantes no podrán detener a largo plazo el envejecimiento de la población española, pero sí retrasarlo ligeramente a través de dos vías: la entrada de jóvenes susceptibles de acceder al mundo laboral y el aumento del número de nacimientos.

Es una de las principales conclusiones de un estudio del Real Instituto Elcano sobre esta cuestión, firmado por la profesora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Teresa Castro.

Sus resultados indican que pese a que el impacto "rejuvenecedor" de la inmigración sobre la población local sea "ligero", no es "desdeñable", ya que permite aumentar el margen de maniobra para afrontar los retos del envejecimiento y "el nuevo (des)equilibrio inter-generacional".

Además, la interrelación inmigrantes-envejecimiento trasciende el terreno demográfico: en el contexto actual de escaso desarrollo de los servicios públicos de atención a los mayores, los inmigrantes están cubriendo una parte importante de la demanda de cuidados.

Esta demanda subirá en el futuro y la inmigración seguirá siendo, junto con unas redes familiares más reducidas que las actuales, un recurso clave para compensar las carencias del Estado del Bienestar en la atención a los mayores, sostiene la profesora del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC.

Los extranjeros no frenarán el envejecimiento por varios motivos, en primer lugar, ellos también envejecen y generan derechos para obtener pensiones y, en segundo lugar, la fecundidad de las extranjeras -aunque superior a la de las españolas-, tampoco es muy elevada y se prevé una adaptación a las pautas reproductivas del país.

En resumen, la inmigración no es la solución a este fenómeno, pero no por ello es irrelevante para afrontar sus consecuencias.

La mayoría de los estudios recomiendan un abanico de políticas a largo plazo dirigidas a aumentar la fecundidad (más conciliación y acceso al mercado laboral) e incremento de la capacidad reproductiva de la población activa (mayor inversión en educación), combinado con un flujo sostenido de inmigración para garantizar las pensiones y la protección social.

Según el padrón, el peso de la población extranjera residente en España aumentó del 2,3 por ciento en el año 2000 al 12 por ciento en 2009.

Entre 2000 y 2009 la población en España aumentó de los 40,5 millones a 46,7 millones, y nada menos que el 89 por ciento de este crecimiento se debió al saldo migratorio y solo el 11 por ciento al crecimiento natural (defunciones menos nacimientos).

Además una parte considerable del crecimiento natural puede atribuirse a los extranjeros, a través de su contribución al aumento de nacimientos.

De acuerdo con simulaciones de Eurostat, en ausencia de inmigración, España habría perdido en 2060 un 20 por ciento de la población con la que contaba en 2008, mientras que en presencia de inmigración -se asume un promedio de 225.000 entradas anuales- la población aumentaría un 15 por ciento respecto al nivel actual.

En relación a la estructura de edad, la variante sin inmigración prevé para 2060 un ratio de 74 personas en edad de jubilación por cada cien personas en edad laboral, frente a la previsión de 60 personas jubiladas por cada cien potencialmente activas en la variante con inmigración.