U. FOCES - VIGO "Si quieres tener los mismos derechos que los españoles ven a verme". Este es uno de los múltiples anuncios con los que una red desarticulada por la Policía Nacional, acusada de estafar a más de 200 inmigrantes irregulares desde 2008, inundó cabinas de teléfono y paradas de autobús en Vigo, Ourense y Pontevedra para captar clientes, fundamentalmente entre ciudadanos senegaleses en situación irregular. Su promoción se extendía a los medios de comunicación, donde se anunciaban como especialistas en trámites de extranjería –contratos, reagrupaciones, arraigos o empadronamientos–, y a Internet, desde donde ofrecían contratos de trabajo.
Al frente del grupo la Policía Nacional sitúa a una falsa abogada natural de Guipúzcoa e identificada como M.L.R., de 33 años, que utilizaba otra identidad. Los otros dos detenidos son su pareja J.R.G.S., de 51 años y natural de O Carballiño, y J.A.G.S., natural de Cantabria y de 48 años. Los tres estaban asentados en la localidad ourensana de O Carballiño, desde donde operaban por casi toda Galicia, ya que se han detectado víctimas en Vigo, Ourense, Pontevedra y distintas localidades de la provincia de A Coruña.
La alerta saltó en Vigo cuando se detectó un incremento de ciudadanos senegaleses con contratos de trabajo en la construcción y en el sector forestal. La Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la comisaría viguesa abrió la investigación en diciembre y descubrió que el grupo estaba formado por tres españoles con residencia en Carballiño, por lo que solicitó la colaboración de los expertos de Extranjería de Ourense.
La estafa, según fuentes de la investigación, comenzaba con la captación de las víctimas. El primer contacto solía ser telefónico con la supuesta abogada, que les citaba en su despacho de Carballiño, situado en la calle Caridad (detrás del Concello). Los dos hombres solían acudir a la estación a recoger a los clientes, y los acompañaban hasta la oficina. Por la primera consulta les cobrarían entre 40 y 80 euros y se les informaba de la oferta de empleo y la solución de otros trámites para regularizar su estancia en España. Posteriormente, por tramitar la documentación y el empleo las cantidades se situarían entre 200 y 400 euros.
Las ofertas de empleo provenían de diversas empresas, todas relacionadas con el grupo. Estaban legalmente constituidas y hasta tuvieron varias furgonetas, pero ni tenían actividad ni estaban al corriente de pagos a las administraciones. Los investigadores sostienen que las ofertas no eran tramitadas y, de serlo, no tendrían validez. "Su fin no es la contratación de trabajadores sino el ilícito enriquecimiento a costa de la situación de necesidad de los ciudadanos extranjeros", sostienen fuentes policiales.
Los tres implicados pasaron a disposición del juzgado de Carballiño y quedaron en libertad con cargos, ya que se tuvo en cuenta que la pareja tiene que atender a un niño de corta edad.