U. FOCES - VIGO La red desarticulada por la Policía Nacional en O Carballiño y acusada de estafar a más de 200 inmigrantes irregulares en Vigo, Pontevedra, Ourense y A Coruña, había montado una activa trama para ofrecer sus servicios de tramitación y venta de documentación y ofertas de trabajo falsas por toda Galicia. Las denuncias han empezado a presentarse, si bien resulta difícil conseguir que las víctimas, en su mayoría senegaleses con una orden de expulsión pendiente, acudan a dependencias policiales pese a que se les garantiza que no se actuará contra ellos.
Además de anuncios en medios de comunicación y paradas de autobús, la supuesta cabecilla del grupo identificada como María Teresa L.R., que se presentaba como la abogada Ana González aunque tanto el nombre como la titulación eran falsos, contactó con numerosos colectivos de inmigrantes, a los que localizó previsiblemente en Internet, y tras ofrecer sus servicios organizó reuniones masivas con más de un centenar de asistentes interesados en regularizar su situación, según explicaron algunos testigos.
En los encuentros, además de ofertar contratos de trabajo y diversa documentación que finalmente resultaría ser falsa, ofrecía revocar las órdenes de expulsión por cantidades que rondaban los 1.000 euros. En principio todavía se evalúa la suma global de la estafa, aunque las cantidades que cobraban están claras: entre 40 y 80 euros por la primera consulta, y entre 200 y 400 por tramitar la oferta de empleo y otras documentaciones.
En el caso de Vigo la falsa abogada llamó personalmente a la agrupación de senegaleses y también a la de brasileños, aunque obtuvo una respuesta desigual, según fuentes conocedoras del caso. Los contratos de trabajo que proponía para los africanos se circunscribían a empresas dedicadas al sector forestal y a la construcción, mientras que los brasileños les ofrecía puestos en el servicio doméstico.
El boca a boca corrió entre los inmigrantes, y las entidades de ayuda enseguida detectaron la posible estafa. Tras comprobar que las empresas donde iban a ser contratados, algunas con sede en el País Vasco y vinculadas a los detenidos en Carballiño, tenían requisitorias de distintas administraciones por impago y no estaban activas, alertaron a los colectivos de que no confiaran en la red. La advertencia hizo mella en los brasileños, pero no tanto en los senegaleses que acudían al reclamo de la publicidad y se desplazaban a Carballiño, donde los otros dos detenidos, J.R.G.S. (pareja de considerada cabecilla de la red) y J.A.G.S. los recogían en la estación y los trasladaban en furgoneta hasta el despacho de la falsa abogada.
"Se aprovechaban de la desesperación del colectivo más frágil convencidos de que no les denunciarían. Se trata de inmigrantes irregulares sobre los que pesa, en su mayoría, órdenes de expulsión y ellos se ofrecían a resolver sus problemas a cambio de un dinero que a las víctimas les era difícil conseguir. Detectamos que era una estafa, de las mayores ocurridas en Galicia, y por eso colaboramos activamente con la Policía desde el mes de diciembre, facilitando todos los datos que recabamos, desde matrículas de vehículos a puntos de reunión, y activamos a nuestros compañeros en A Coruña, Ourense y Pontevedra, que descubrieron más casos", explica Marta Albarellos, asesora del CITE de CC OO en Vigo. Y es que esta central sindical también alertó al Ministerio de Trabajo por si llegaban a presentarse los contratos fraudulentos.