La secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, intentó ayer zanjar la polémica desatada hace semanas en Vic al anunciar su alcalde democristiano, Josep Maria Vila d'Abada, de CiU, su intención no sólo de no empadronar a los inmigrantes sin papeles sino también de delatar a los que intentaran hacerlo ante la Delegación del Gobierno. "La ceremonia de la confusión es mejor dejarla aquí", aseveró la responsable de Inmigración del Ejecutivo. "Todos tenemos que cumplir la ley, y es clara, y eso no excluye a ningún ayuntamiento". "El de Vic ya tiene directrices" sobre lo que debe hacer para cumplir la legalidad, insistió Terrón. La legislación recoge el derecho de todas las personas a empadronarse en un municipio presentando simplemente la documentación que acredite que reside en una vivienda, ni la de protección de datos, que no permite ceder los datos de los particulares a terceros sin la autorización de los afectados.

Sobre el engrosamiento del problema, al anunciar otros municipios, como el de El Vendrell se plantean seguir el ejemplo de Vic, la secretario de Estado insistió en que el "alcalde de Vic y otros han sido muy claros en relación con que se va a cumplir la ley que rige estos temas en este país". Y explicó brevemente la confusión generada: "Otras personas han dicho cosas diferentes, otras nos han preguntado que si vamos a hacer algo desde el mismo partido para que Vic cumpla le legalidad... Y ya la ceremonia de la confusión es mejor dejarla aquí", zanjó.

Terrón participa en la IV Conferencia de Ministerial Europea sobre Integración, que se inaugura hoy en Zaragoza. Uno de los principales objetivos de este encuentro es "el desarrollo de indicadores comunes que podamos usar en la Unión para ver qué políticas tienen un resultado concreto positivo y qué políticas se pueden evaluar peor", explicó. Indicadores relacionados, por ejemplo, con el nivel de empleabilidad y de escolarización, la forma de canalizar los conflictos, etcétera. En 11 años han llegado 14 millones de inmigrantes a la UE. En España hay en la actualidad 5,6 millones, que representa el 12% de la población. Cerca del 30% de los extranjeros que residen en España y están en edad laboral, están en paro.

España tiene la mirada puesta en la prevención, atendiendo la mayor experiencia de otros países en esta cuestión. "Para España, como un país de reciente inmigración si lo comparamos con Francia o con los países nórdicos, sería muy positivo poder evaluar gente que lleva más años de políticas de integración para poder ver cúales han sido los resultados de las distintas iniciativas", concluyó Terrón

Una plataformas de organizaciones sociales y sindicales, la Plataforma Ciudadana para la Igualdad y la Interculturalidad, que pide un giro en las políticas de inmigración de la UE, ha organizado una reunión paralela en la Facultad de Zaragoza, con iniciativas por las calles de la ciudad, para concienciar a la población de la situación de estos colectivos en España.