Una participación carente de las más mínimas garantías

Cuando José Blanco era el secretario de Organización del PSOE en la oposición denunció que su partido tenía pruebas de que quince emigrantes fallecidos habían votado en las generales del 2001. El propio PSOE envió votos desde América con certificados de defunción de sus titulares dentro para demostrar que muchos emigrantes conservan en la tumba su derecho al voto. El experimento socialista se repitió desde entonces una y otra vez por particulares y medios de comunicación para evidenciar que el voto exterior carece de garantías suficientes como para demostrar su limpieza y transparencia.

Los letrados del Estado llaman a esas y otras anomalías similares «disfunciones del voto exterior», pero son tantas que por ello varias formaciones no ven más salida que limitar el derecho al voto si se quiere dignificar el sistema electoral español.

Pero, ¿por qué se dan en el exterior fallos casi impensables en el interior? Los emigrantes reciben en sus domicilios la documentación y papeletas de cada comicio, salvo las de las municipales, para las que tienen que solicitar su participación. El reparto es realizado por los servicios de correos de cada país, que no comprueban la identidad del receptor, como tampoco contrastan que coincida el nombre del remitente del voto y quien lo entrega en la oficina postal. Sacas y sacas se han entregado, de hecho, por una misma persona, sin que además sean vigiladas en sus traslados.

A ello se añade que en las últimas autonómicas el PP denunció la compra por parte de agentes electorales del PSOE de votos en Buenos Aires por hasta 45 euros. Los socialistas se hicieron eco allí de casos similares al contrario, como en el Centro Maragato, donde se facilitaban fotocopias del pasaporte y se hacía el envío a cambio de escoger la papeleta popular. Fiestas y comidas para la diáspora han sido señaladas también como citas en las que se compran voluntades electorales, en medio de campañas que carecen de fiscalización del gasto.

Todo ello dibuja un panorama que se distorsiona aún más por la participación en municipales o autonómicas de personas que nunca han pisado España. Pero las denuncias chocan con el reconocimiento de un derecho, que los emigrantes mantienen que no se puede cercenar por muchas irregularidades que aparezcan. Demandan que se apliquen más controles, como el voto en urna, pero no a cambio de sus derechos.