El voto emigrante

Están pasando los años y el tema, en vez de mejorar, empeora: Todos critican el sistema, pero lo utilizan. Ahora, si es verdad lo que dicen que piensan, es el momento de remediarlo. La participación de los emigrantes en los diferentes procesos electorales no satisface a nadie, aunque algunos sean más reacios que otros a realizar los cambios necesarios para evitar que, no el voto del emigrante, sino su sistema de votación, desprestigie la democracia.

En primer lugar, por tanto, los partidos políticos mayoritarios (PP y PSOE) deben ponerse de acuerdo para determinar quienes deben votar. Ahora, según la legislación vigente, todos los incluidos en el CERA tienen los mismos derechos electorales que los demás españoles. No importa que conozcan la tierra donde nacieron o no; que tengan sus ahorros en entidades de la comunidad o de fuera de ella. El hecho de estar censados es su salvoconducto. Es urgente que el censo refleje la realidad.

En segundo lugar, las citadas fuerzas políticas deben considerar en qué votaciones deben participar. Las opiniones son dispares. Pero hay que unificar criterios, por más que los propios emigrantes se sientan discriminados. Que un sinfín de residentes ausentes participe en todas las votaciones que se convoquen no deja de ser anómalo. Que participen en unas generales, bien sea al Senado o al Parlamento o ambas a la vez, sería deseable. Pero, que su voto sea capaz de cambiar el destino de un ayuntamiento o comunidad autónoma, que no conocen, resulta preocupante.

En tercer y último lugar, tanto PP como PSOE tienen que coincidir en el sistema a emplear; si la votación debe realizarse en urna o por correo, previamente solicitado. Es más importante regular la limpieza y transparencia de la votación que del voto mismo. Por el bien de la democracia y el prestigio de la emigración es urgente reformar el censo, cambiar el método y determinar las elecciones en que deben participar. Lo demás, buenas palabras. Enredos.