El Partido Popular denunció ayer que la oficina municipal de inmigración y emigrantes retornados, puesta en marcha el pasado año por el gobierno, lleva desde principios de año sin funcionar. La concejala Rosa Martínez Beceiro (PP) culpó al gobierno local de suprimir un servicio que «deja sin asesoramiento laboral y jurídico» al colectivo. Aseguró que la Xunta aplicó un reajuste de partidas que otorga a cada una de las siete grandes ciudades la misma asignación para este año, 60.000 euros. Sin embargo, añadió que el Concello de Ferrol no envió a ningún representante a una reunión desarrollada, dijo, para tratar el convenio.

Por su parte, el portavoz municipal del PP, José Manuel Rey, defendió que en el gobierno local «hay un problema de gestión que subyace en áreas como la de servicios sociales, una de las áreas con menos ejecución de gasto, con un 59% según la liquidación de los presupuestos municipales del 2009.

El grupo socialista rebatió estas acusaciones y culpó a la Xunta de la situación de la oficina de inmigración. «Aún no hemos firmado el convenio, aunque se lo hemos reclamado», asegura la concejala de Benestar Social, María López, que recordó que espera hace semanas una contestación a la reunión solicitada con la conselleira por esta cuestión. «No solo se rebaja la subvención de 90.000 a 60.000 euros sino que ahora es con más exigencias: además de un titulado en Derecho ahora se requiere un educador social», criticó.

María López recuerda que ella misma denunció el problema hace un mes, pero garantizó que el colectivo inmigrante sigue siendo atendido por una trabajadora social especializada y por la asesoría jurídica del Concello.