75 colectivos piden la extensión de la ciudadanía europea a los inmigrantes

Rechazan las limitaciones de los convenios bilaterales de reciprocidad, que permitirán votar a 650.000 extracomunitarios en las municipales de 2011

Un total de 75 colectivos sociales europeos han reclamado, a través de un escrito enviado al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en su calidad de presidente de turno de la UE, la extensión de la ciudadanía europea a los residentes extracomunitarios, con el fin de que puedan participar en las elecciones municipales de mayo de 2011. La medida generalizaría el derecho al voto entre todos los inmigrantes extracomunitarios y superaría las limitaciones del sistema elegido por el Gobierno español para ir extendiendo este derecho: el establecimiento de convenios bilaterales de reciprocidad con los países que se avengan a ello.

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Más de 70 colectivos sociales europeos han suscrito una carta remitida al presidente de turno de la Unión Europea, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que se reclama el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y europeas a todos los residentes en la Unión Europea (UE), independientemente de su nacionalidad.Entre las entidades que han suscrito la carta figuran la Federación de Asociaciones SOS Racismo del Estado Español, de España; la Association pour une citoyenneté européene de résidence (ACER), de Francia; el Coordinamento Italiano per il Diritto degli Stranieri a Vivere in Famiglia, de Italia; la Internationale Liga für Menschenrechte, de Alemania; el Greek Forum of Migrants, de Grecia; y la Association Européenne pour la Défense des Droits de l’Homme, de Bélgica.
La iniciativa partió de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que, coincidiendo con la presidencia de turno española de la UE,  lanzó la campaña ‘Por una ciudadanía plena’ para promover los derechos políticos de las personas extranjeras no comunitarias y, como consecuencia, avanzar en una construcción más democrática de la Unión.
Con esta modificación todas las personas con residencia en un país de la Unión podrían participar en las elecciones europeas y municipales, y ello supondría un primer paso hacia una ciudadanía europea democrática e inclusiva.
La remisión de la carta a Rodríguez Zapatero perseguía que trasladase la iniciativa al último Consejo Europeo que celebrado durante la presidencia española, que tuvo lugar el 17 y 18 de junio en Bruselas. La iniciativa, sin embargo, no fue puesta sobre la mesa, lo que era previsible teniendo en cuenta que, más allá de la voluntad de las autoridades comunitarias de considerar o no esta petición, la agenda del encuentro estaba cerrada desde hacía tiempo.

Una campaña similar ya había sido llevada a cabo en el año 2008 en Francia siendo presidente de turno de la UE Nicolas Sarcozy. Tampoco entonces la Unión Europea no se dio por enterada.
Carlos Arce, uno de los coordinadores del Área de Inmigración de la APDHA y responsable de la campaña actualmente en vigor, subraya la contradicción de que a partir del Tratado de Maastricht se permita a todos los ciudadanos de la UE votar y ser votado en las elecciones municipales y europeas en cualquier país de la Unión y no a los inmigrantes extracomunitarios, que viven, trabajan y pagan sus impuestos en la Europa comunitaria igual que aquellos. Una contradicción que se agudiza –subraya Arce– al evocar que el Consejo de Europa –que no es una institución de la UE (no hay que confundirlo con el Consejo Europeo), pero al que pertenecen todos los países de la Unión– aprobó en 1992 en 1992 el Convenio Europeo sobre la Participación de los Extranjeros en la Vida Pública y Local. Y la propia UE, en las Conclusiones de la Cumbre europea de Tampere, de 1999, estableció la necesidad de avanzar en el reconocimiento de derechos políticos de los residentes extracomunitarios como herramienta para una verdadera integración.

Algunos países europeos sí han dado pasos en esta dirección, como recuerda el responsable de la campaña  ‘Por una ciudadanía plena’ y se menciona en la carta enviada a Rodríguez Zapatero. Es el caso, por ejemplo, de Gran Bretaña, Irlanda, Bélgica y Suecia. En el Reino Unido los nacionales de la Commonwealth tienen el derecho de voto activo y pasivo en todos los comicios, y en consecuencia también en los municipales y europeos.

El Gobierno español ha apostado por ir reconociendo el derecho el derecho al voto de los inmigrantes extracomunitarios en las elecciones locales a través del establecimiento de convenios bilaterales con diversos países a los que se exige reciprocidad, es decir, que los españoles que viven en ellos puedan votar en las mismas condiciones. Además, el inmigrante extracomunitario debe residir en España desde hace cinco años o más.

Para la APDHA esto no es una solución por dos motivos. El primero es, explica Arce, que se trata de una medida inviable, porque “son trece los países con los que se han negociado convenios, pero en España viven inmigrantes de más de cien, y es inviable hacer tratados con todos”. “Y también es inviable porque algunos países no tienen un régimen democrático, como China, o tienen un sistema muy dudosamente democrático, como Marruecos”. La segunda razón se refiere al “contenido” de los tratados. A los inmigrantes de estos países con los que se han negociado los convenios “se les permite votar, pero no presentarse como candidatos en las elecciones”, apunta Arce, que se pregunta: “¿Por qué una persona vale para votar y no para ser alcalde?”. Además, a los nuevos votantes se les exige una residencia mínima de cinco años en España, cuando los latinoamericanos pueden acceder a la nacionalidad española con dos años de residencia. “Es incongruente que pasar ser español te pidan dos años y para votar cinco”, añade el responsable de la campaña  ‘Por una ciudadanía plena’.

La carta enviada a Rodríguez Zapatero por los más de 70 colectivos europeos no hace ninguna consideración sobre qué tiempo mínimo de residencia en la UE habría que exigir a un inmigrante extracomunitario para reconocerle la ciudadanía europea. Los colectivos abogan por “el mínimo tiempo posible”, señala Arce, teniendo en cuenta que a los ciudadanos comunitarios no se les exige ningún tiempo mínimo de residencia para poder votar (y ser votados). En cualquier caso, el responsable de la campaña  ‘Por una ciudadanía plena’ califica de “desorbitados” los cinco años estipulados en los convenios bilaterales negociados por el Gobierno español. De exigir cinco años de residencia a los inmigrantes comunitarios para acceder a la ciudadanía europea la medida “acabaría por no cumplir su función, que no es otra que la participación política de los extranjeros como una herramienta más de integración”, subraya Arce.