Madrid, 21 sep (EFE).- La Fiscalía pide la realización de unos protocolos de actuación conjunta entre el Ministerio Fiscal, las comunidades autónomas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para solventar los "graves" problemas derivados de la determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados.
Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2009, en esos protocolos deberán reflejarse de manera unificada para todo el territorio nacional el contenido, forma y extensión de las pruebas médicas a realizar y de los informes médicos que se emitan.
La Fiscalía considera que esta "es la única manera de terminar con la desorientación reinante".
La Memoria pone de relieve que por cuarto año consecutivo la inmigración de menores no acompañados llegados a España a través de cayucos o pateras ha descendido de manera muy importante, un 52,27 por ciento menos que en 2008, lo que "no resta importancia a la gravedad del problema".
También los expedientes de determinación de edad tramitados durante el año 2009 han descendido notablemente, concretamente en un 17 por ciento, al igual que la incoación de expedientes de repatriación (un 56,43 por ciento menos).
Las causas de la escasa utilización de este mecanismo derivan fundamentalmente de la imposibilidad de garantizar un retorno del menor con las garantías que exige su condición y que deben ser acreditadas según la ley.
Los fiscales valoran la reforma del Código Penal, que entrará en vigor a finales de año, en lo que se refiere al reconocimiento del delito de trata de seres humanos como independiente y diferenciado del de tráfico ilegal o inmigración clandestina.
En los casos de explotación sexual, la Fiscalía considera que la identificación de la víctima, su recuperación psicológica y su protección integral (que debería abarcar en muchos casos a su entorno familiar) es una condición "indispensable" para el éxito de la investigación del delito.
Una de las cuestiones "más controvertidas", según los fiscales, sigue siendo la valoración del arraigo familiar del ciudadano extranjero como circunstancia que puede condicionar la previsión legal de sustitución de cárcel por expulsión.
La Fiscalía detecta también carencias en los centros de internamiento de extranjeros, en ocasiones sobre la propia estructura del mismo y en otras sobre los servicios que deberían ofrecer a los internos, "sobre la base incontrovertible de que dichos centros no tienen carácter penitenciario".
El aumento de los expedientes de adquisición de nacionalidad española ha llamado la atención de los fiscales.
Dicho incremento puede explicarse en parte, señala la Memoria, a la proliferación de conductas fraudulentas como la provocación de una situación de aparente condición de apátrida de un menor a quien no se inscribe en su correspondiente consulado hasta que los padres le consigan la nacionalidad.
