Ya se notan en Francia las consecuencias legislativas del determinante discurso de Grenoble de Nicolas Sarkozy, en el que por primera vez en su mandato relacionó delincuencia e inmigración y que, a la postre, desató la deportación de los gitanos rumanos y la tormenta política posterior. La Asamblea Nacional francesa ha comenzado hoy a debatir el proyecto de ley sobre Inmigración, que recoge algunas de las indicaciones que el presidente de la República, en una alocución ya famosa, lanzó entonces. El ministro de Inmigración, el ex socialista Éric Besson, ha sido el encargado de redactarla y de defenderla en la Asamblea.

Una de las principales novedades, contestada jurídicamente, prevé la retirada de la nacionalidad francesa para ciudadanos franceses de origen extranjero que cuenten con este título sólo diez años y que hayan atentado contra la vida de una agente de policía. Esta fue una de las propuestas que el presidente adelantó en Grenoble.

Otra de las medidas, redactada expresamente para acabar con más facilidad jurídica con los campamentos de gitanos rumanos, según los detractores de la ley, prevé que los extranjeros -incluidos los europeos- que lleven a cabo lo que se denomina un "abuso del permiso de residencia" puedan ser expulsados del país. En teoría, los ciudadanos europeos pueden circular durante tres meses en plena libertad por cualquier país de la Unión. Pero la ley castigará a aquellos que, a juicio del Gobierno, se aprovechen de este derecho y, a base de salir y entrar para que no expiren nunca estos tres meses, "quieran quedarse en el territorio".

"Una carga no razonable"

Esta ley también actuará contra los extranjeros que constituyan "una carga no razonable para el sistema de asistencia social". En una palabra: la ley quiere dotarse de armas para expulsar a los inmigrantes sin papeles. Actualmente, según datos del Ministerio del Interior citados por Le Figaro, sólo el 30% de estos inmigrantes irregulares abandonan Francia.

Otra de las medidas rebaja un derecho que los extranjeros enfermos graves tenían en Francia desde la década de los noventa: ser curados en territorio Francia, gozando de un permiso de residencia "temporal", siempre y cuando el paciente no tuviera acceso en su país al medicamento en cuestión. El texto se ha modificado. Ahora reza "siempre y cuando el medicamento no exista" en su país. Esta mañana, un médico parisino denunciaba en la radio el caso de una enferma de diabetes de Mali, atendida en un hospital de París que, cuando se apruebe la ley, deberá volver a su país. "Lleva aquí años. Sus hijos están escolarizados. La nueva ley no le permitirá seguir aquí: el medicamento existe en su país, aunque ella no podrá utilizarlo porque no tiene medios para adquirirlo".

Asociaciones humanitarias y de Derechos del Hombre han denunciado la dureza de la nueva ley, que tras ser discutida en la Asamblea deberá pasar por el Senado antes de su aprobación definitiva. Amnistía Internacional la ha definido, simplemente, como "indigna de un Estado de Derecho". La izquierda francesa (y algunos diputados de centro) también ha cargado contra ella. En medio de la polémica por la deportación de los gitanos rumanos, Martine Aubry, primera secretario del Partido Socialista francés (PS), manifestó que la política de Sarkozy sobre los campamentos de gitanos rumanos constituía "una vergüenza". Desde la derecha reprochan a los diputados socialistas que se opongan a un proyecto de ley sin proponer nada concreto en una materia tan delicada como la de la inmigración.