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El Gobierno destina 268 millones de euros a Inmigración y Emigración

(05/10/2010)

El Gobierno destina 268 millones de euros a Inmigración y Emigración

 

4 oct 2011.- El Ministerio de Trabajo e Inmigración destinará para 2011 un presupuesto de 268 millones de euros al desarrollo de las políticas de inmigración y emigración.

La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración distribuye su presupuesto entre las tres grandes áreas que configuran sus competencias: Inmigración (7,5 millones de euros), Integración de los Inmigrantes (141,5 millones de euros) y Emigración (119,2 millones de euros).

 

Aunque el proyecto de Presupuestos del Estado 2011 responde a los objetivos fijados por el Gobierno para hacer frente a la crisis económica, las prioridades del Departamento en materia de inmigración continuarán siendo la gestión ordenada de los flujos migratorios, la cooperación y el diálogo internacional con los países de origen, la lucha contra la inmigración irregular y las políticas de integración que favorezcan la convivencia y la cohesión social. En materia de Emigración, el Gobierno orienta su presupuesto a continuar garantizando los derechos y las prestaciones de los ciudadanos españoles en el exterior.

En el ámbito de la Inmigración, para el que se proyectan 7,5 millones de euros, las constricciones económicas obligaran a un mayor esfuerzo de innovación y colaboración entre todos los actores implicados. Por un lado, y como no podía ser de otro modo dada la reducción de los flujos, se han recortado las partidas relacionadas con la primera entrada, para fortalecer los instrumentos de mejora de la gestión en otros procedimientos y la simplificación de trámites burocráticos.

POLÍTICAS DE INTEGRACION DE INMIGRANTES

En relación con las políticas de Integración, los Presupuestos Generales del Estado 2011 persiguen mantener las medidas puestas en marcha durante años anteriores en diferentes áreas de actuación (acogida, educación, empleo, vivienda, servicios sociales etc.). Se prevé la incorporación de créditos adicionales para nuevas medidas como las destinadas a hacer frente al impacto de la evolución del mercado de trabajo en el colectivo inmigrante y las destinadas a poner en marcha actuaciones cofinanciadas con los nuevos fondos comunitarios del Programa General "Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios", especialmente el Fondo Europeo de Integración.

En este contexto, las principales actuaciones se dirigen a reforzar la actuación conjunta de la Administración General del Estado con el resto de las Administraciones Públicas a través del Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de los Inmigrantes; Consolidar el papel del tercer sector tanto para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración; mantener el sistema de protección a solicitantes de asilo y refugiados; garantizar la atención humanitaria a personas en situación de vulnerabilidad; prestar atención especial al fenómeno de menores extranjeros no acompañados y promover la igualdad de trato y no discriminación a través de las actuaciones del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.

El presupuesto para las políticas netas dirigidas a la integración de los inmigrantes se eleva a 141,5 millones de euros, crédito que se incrementará con la parte proporcional de los fondos europeos que, en su caso, cofinancie las actuaciones que se programen en 2011.




CIUDADANÍA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR

En relación con las políticas de Emigración, el gobierno ha construido un entramado de prestaciones y servicios que dotan de dignidad la figura del emigrante. El reconocimiento de los españoles en el exterior como ciudadanos de pleno derecho, como así queda establecido en el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, aprobado por Ley 40/2006, de 14 de diciembre junto con la modernización de la acción pública dirigida a ellos, seguirá siendo una prioridad del Gobierno.

La dotación solicitada para llevar a cabo las actuaciones previstas es de 119,2 millones de euros. Las necesarias constricciones económicas que han sufrido todos los capítulos no han afectado a prestaciones sociales tales como las pensiones para los retornados y para los llamados niños de la guerra retornados (Ley 3/2005).

 

 

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