La polémica en torno a la inmigración es común en las economías en crisis. En el caso de la debacle financiera iniciada en 2008, el debate se traslada a las economías desarrolladas como los Estados Unidos y la Unión Europea.
Un reciente estudio de la Fundación CeiMigra demuestra que España no podrá prescindir de los inmigrantes si desea mantener los beneficios sociales de retiro y salud. Las perspectivas para 2034 dan una población estimada de 11,1 millones de trabajadores activos, mientras la cantidad de pensionados a los que se financiará se elevará hasta los 15,3 millones.
De acuerdo con la investigación, una reducción en la llegada de extranjeros produciría una mejora circunstancial de los valores de desempleo, pero traería aparejado problemas mayores. Los sistemas públicos de pensiones y salud necesitarán del aporte de estos trabajadores.
Al mismo tiempo el informe destacó que sólo el 0,39% de los inmigrantes retorna a su lugar de origen. Los trabajadores extranjeros prefieren quedarse debido al endeudamiento, la compra de propiedades y bienes, el desarrollo de lazos afectivos en el país de destino y, sobre todo, por las dificultades para conseguir trabajo en su país de procedencia.
Según los datos recabados por el análisis, los beneficios serían mutuos. Los inmigrantes contribuirían con su trabajo a financiar las arcas públicas mientras recibirían al mismo tiempo la posibilidad de obtener un desarrollo personal por encima de lo que podrían en sus países de origen.
