El Reino Unido impone por primera vez un cupo de inmigrantes cualificados no comunitarios, que será de 21.700 personas, lo que representa una reducción del 22,3% respecto a la cifra equivalente registrada en 2009. La cantidad ha sido el resultado de intensas negociaciones entre los conservadores, favorables al establecimiento de una cuota, y los liberaldemócratas, contrarios a ella. Un pacto entre el “tory” David Cameron y el liberal Nick Clegg ha llevado a dejar la puerta abierta en el caso de los trabajadores que lleguen transferidos internamente por sus compañías.
El número de estos últimos fue el año pasado de 22.000, por lo que si se repitiera ese volumen el total de inmigrantes, sumando los del cupo, serían 43.700 personas, en realidad un 13% menos que el total de 50.000 que lo hicieron en 2009. Las sumas y restas han sido hechas por los propios liberal-demócratas para demostrar que la medida no es tan drástica como parece.
En el caso de los empleados transferidos desde el exterior por empresas con sedes en diferentes países, excepción aplaudida por la patronal británica, se deja plena libertad si el trabajador tiene un sueldo superior a los 40.000 libras anuales (46.000 euros). Se admiten sueldos por encima de las 24.000 libras (27.500 euros) si es para empleos de un año en el sector de las tecnologías de la información. Se trata de especificaciones para impedir que las empresas traigan del exterior a mano de obra más barata que la local.
Inmigración «sostenible»
La ministra del Interior, Theresa May, justificó el paso dado por el Gobierno, orientado a convertir el fenómeno de la inmigración en algo “sostenible”. Es propósito del Ejecutivo reducir la inmigración neta de 196.000 personas de los últimos años a solo “decenas de miles” en 2015.
El Gobierno ha dejado para más adelante la cifra máxima de estudiantes procedentes de fuera de los países de la Unión Europea, una vía que se ha convertido en un “coladero de inmigración”, según May.
