El departamento jurídico del Movimiento contra la Intolerancia estudia denunciar ante la Fiscalía las mociones aprobadas en algunos ayuntamientos catalanes para que se deniegue la legalización por arraigo y la reagrupación familiar a los inmigrantes que vulneren las ordenanzas municipales de civismo.

Así lo anunció ayer a Efe el presidente de esta organización, Esteban Ibarra, tras conocerse que a las resoluciones de los municipios de L’Hospitalet y Salt se puede agregar otra en el de Badalona.

Ibarra ha sentenciado que estas mociones son “contrarias a Derecho“, porque el incumplimiento de una ordenanza nunca puede conllevar la suspensión de derechos sociales y porque se está vulnerando el “principio de igualdad de trato“.

El arraigo y la reagrupación familiar son derechos de la Ley de Extranjería que, en caso de ser denegados, anularían las garantías jurídicas de un inmigrante, ha comentado.

Y todo ello, si el Gobierno respondiera positivamente a estas peticiones, “a partir de una simple queja de un vecino o de la interpretación de un policía municipal“.

“Esto puede promover la discriminación y es extremadamente grave“, ha sentenciado, al tiempo que ha aseverado que estas iniciativas “pueden ser ilegales o, incluso, suponer una acción delictiva“.