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(04/01/2011)

Migración

¿Deben las compañías de transporte controlar la inmigración?

A menudo, la única forma de salir de su país a un solicitante de asilo era la falsificación de sus papeles o colarse en algún avión.

Pero las multas que la UE interpone a las compañías de transporte, por dejar viajar a ciudadanos de países terceros indocumentados, les transfiere la responsabilidad de controlar la entrada de refugiados en Europa.

Algunos de los 300 ruandeses hutus refugiados en el Congo caminan hacia un avión de la ONU con destino a Kigali, Ruanda en junio de 1997. MIles de refugiados fueron encontrados en los bosques por la Comisión de Refugiados de la ONU y esperan ser repatriados a su país. (Jean-Marc Bouju / AP)

Después de tres semanas escondido en el sótano de un familiar, “un amigo de mi tío vino y me enseñó un pasaporte. Me dijo que me parecía bastante a él y que seguramente no encontraría problemas para pasar los controles” de seguridad de Brussels Airlines, una de las principales compañías aéreas belgas, con la que Mohamed Diaffo consiguió volar hasta Bruselas. “Ni el nombre ni la foto que aparecían en el pasaporte eran míos. Ni si quiera conocía a la persona”, reconoce Diaffo.

Mohamed Diaffo, de 24 años y originario de Guinea Conakry, fue uno de 77 emigrantes que pidieron asilo político en junio de 2010 en Bélgica – sexto país receptor de demandas de refugio en la Unión Europea – para huir de una crisis política que asola a este país desde que muriera el antiguo presidente Lansana Conté, en 2008.

Se estima que de 17.848 demandas recibidas a lo largo del último año en Bélgica, 1226 corresponden a personas originarias de Guinea Conakry, situado al oeste de África y que colinda con otros como Sierra Leona, Mali o Costa de Marfil.

De no haber sido por un documento falso es bastante probable que este joven de etnia Susu no hubiese llegado a huir de la represión militar a la que fue sometido y, por lo tanto, de una muerte casi segura. No quiere revelar su verdadero nombre y se niega a que le saquen fotos. Su principal temor: poner en peligro la vida de sus hermanos pequeños y de su esposa, que viven en Guinea.

Y es que a su corta edad, Diaffo, ex secretario general de la “Asociación de Jóvenes por el Desarrollo y la Solidaridad de Simbayah” – agrupación de jóvenes que lucha contra la criminalidad en su barrio, al norte de la capital del país – ha pasado por la cárcel en dos ocasiones, en menos de dos años, cuando todavía acudía al instituto.

Su oposición durante una manifestación al que fuera presidente, entre 2008 y 2009, de esta antigua colonia francesa, el comandante Moussa Dadis Camara, le llevó por primera vez a la cárcel en agosto de 2009.

Este capitán, miembro del ejército guineano y presidente del Consejo Nacional para la Democracia y el Desarrollo, había tomado el poder un año antes mediante golpe de estado y bajo la promesa de que su mandato sería de carácter transitorio hasta que tuvieran lugar unos comicios democráticos. “Había dicho que no se presentaría a las elecciones, que solo ayudaría a prepararlas. Pero nos dimos cuenta de que sus pretensiones eran otras”, denuncia Diaffo, quien permaneció en la cárcel solo cinco días gracias a la recompensa de 1 millón 500 000 francos guineanos – 315 euros – que su familia pagó al ex jefe de la seguridad presidencial y opositor del presidente, Mohamed Begré Camara.

Este vínculo entre ambas familias fue el que le llevo de nuevo a prisión en diciembre de 2009. Fue tras el intento de asesinato del presidente guineano, a principios de dicho mes, llevado a cabo por un militar cercano a Begré. A pesar de que el comandante Dadis saliera con vida del ataque y de que el ex jefe de la seguridad presidencial fuera asesinado, los militares fueron a por Diaffo: “Me llevaron a la prisión central de Conakry, donde permanecí seis meses” [hasta el 1 de julio de 2010], afirma este joven. Esta vez, su estancia fue más dura: “Me interrogaban una o dos veces por semana para saber si tenía algo que ver con el intento de asesinato. Conocí a Begré, pero no sabía quien había organizado ese intento fallido. No tenía nada que ver con ello. Llegué a temer por mi vida: la mayoría de las veces me agredían. El día que me liberaron pensaba que sería el último. Me llamaron tres veces para que saliera de mi calabozo, pero yo no respondí porque estaba seguro de lo que me esperaba”, prosigue sin el más mínimo temblor de voz y como si lo que estuviera contando formase parte del guión de una película.

Los dos últimos años han sido un calvario para este joven que, desde hace seis meses, reside en un hogar para refugiados en Bruselas. La cárcel, los interrogatorios, las torturas y la muerte, por cuestiones políticas, de un familiar cercano forman parte de un pasado muy presente: actualmente participa como voluntario en un comedor para refugiados.

Falsificar un documento para poder huir

“Huí de mi país porque tenía problemas con las fuerzas militares”, declara Diaffo. En este contexto hubiese sido imposible obtener un documento oficial. Es más, solicitar un certificado de identidad para viajar habría constituido un camino directo hacia el suicidio, y su familia no estaba dispuesta ni a ello ni a recurrir a un medio de transporte clandestino.

Por otro lado, en ausencia de un pasaporte o de un visado en regla ninguna empresa de transporte le hubiera permitido abandonar el país.

Thomas Hammarberg, Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, organismo internacional cuyo objetivo consiste en promover valores como los derechos humanos o la democracia participativa, señala a través de su artículo “Las líneas aéreas no son servicios de inmigración” que la “recurrencia a traficantes para obtener documentos falsos que permitan engañar a los sistemas de control de los transportistas” es bastante habitual entre aquellos ciudadanos que abandonan su país por cuestiones de seguridad y no encuentran otro medio, dentro de la legalidad, para hacerlo.

“No sé ni como ni cuanto se pagó por aquel pasaporte. Solo sé que un amigo de la familia vino un día para observarme. Una semana después venía con un pasaporte entre las manos y unos días más tarde estaba pasando los sistemas de control” de aeropuerto, confiesa Mohamed. Su necesidad de supervivencia le lleva a ignorar como se tramitó y, más aun, a evitar pensar que le hubiese ocurrido si no lo hubiera obtenido.

Hammarberg, que ha ocupado distintos puestos de relevancia como el de Secretario General de Amnistía Internacional – cuando esta ONG recibió el premio Nobel de la Paz en 1977- o miembro del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas,  retoma a través de su blog un debate abandonado desde hace años: como las compañías de transporte, aéreo o marítimo, se han convertido en actores esenciales en materia de refugio y asilo, desde que la Unión Europea (UE) estableciera un sistema de sanciones que se imponen a los transportistas que “permiten viajar a los territorios de los países de la UE a personas nacionales de terceros países sin documentos necesarios”, según el texto legislativo.

La Directiva, aprobada en 2001 por los socios comunitarios – como España, Francia o Alemania, entre otros – prevé sanciones económicas que van de los 3000 a los 500.000 euros, la posibilidad de confiscar el vehículo u obligar a las empresas a asumir el trayecto de vuelta del ciudadano en cuestión.

En este aspecto interviene Hammarberg cuando afirma que “para un refugiado que necesita protección internacional, [este sistema de multas] constituye un obstáculo puesto que necesita entrar en el territorio de un estado para poder solicitar y obtener el asilo político”. Por lo que una línea aérea no podrá deshacerse de una multa hasta que quede demostrado que un refugiado en cuestión haya obtenido el asilo. No obstante, no existe ninguna garantía de que un ciudadano obtenga el estatus de refugiado y, menos aun, que lo haga en un corto periodo de tiempo. Este es el caso de Mohamed Diaffo que, a pesar de haber sido acogido en una residencia, sigue esperando una respuesta favorable a su demanda de asilo. En Bélgica, la media para obtener el reconocimiento de dicho estatus se sitúa en un año.

Juego a tres bandas en un debate perdido

Mientras los gobiernos promueven esta medida basándose en políticas de seguridad y de lucha contra la inmigración ilegal, los transportistas defienden sus intereses económicos y las ONG denuncian que los refugiados y demandantes de asilo sean siempre las víctimas.

Thomas Hammarberg entiende que delegando la responsabilidad en el sector del transporte se está buscando endurecer las políticas migratorias de la UE – donde en 2009 se registraron alrededor de 250.000 demandas de asilo según el un informe del organismo público belga para refugiados, Fedasil – y denuncia que “la responsabilidad de determinar si un inmigrante tiene o no la posibilidad de entrar en un territorio no debe reposar en los hombros de una compañía de transporte pública o privada que, evidentemente, no tiene como objetivo ocuparse de ello y que, además, no cuenta con los medios necesarios”, tratándose de una responsabilidad gubernamental.

El resultado de este conflicto es obvio: la dinámica empresarial prima ante todo. Los transportistas, sin pensárselo dos veces,  prefieren impedir el paso a cualquier persona indebidamente documentada – al margen de que pueda encontrarse en situación de peligro – antes que arriesgarse a pagar multas astronómicas o perder la licencia para volar.

La líneas aéreas mantienen una postura clara: “Los gobiernos de todo el mundo tratan de depositar la responsabilidad en las compañías aéreas, a pesar de que el control de los documentos [de identidad] es también un deber gubernamental”, denuncia el Vicepresidente de Comunicación Externa de Brussels Airlines, Geert Sciot.

No obstante, han dado la batalla por perdida y el debate, por clausurado: no solo se niegan a proporcionar datos acerca del número de pasajeros a los que se deniega el acceso – como denunció el Consejo Británico para los Refugiados en 2008, en su informe “Cómo los controles fronterizos del Reino Unido ponen en peligro las vidas de los refugiados” – sino que además prefieren “no abordar esta cuestión”, afirma Geert Sciot.

Los gobiernos europeos han dejado claro, con estas medidas, que no están respetando las exigencias que los Tratados Internacionales imponen en materia de refugio.

¿Qué hubiese ocurrido si Mohamed Diaffo se hubiese presentado ante  la taquilla de Brussels Airlines, sin un pasaporte en mano, alegando la necesidad de abandonar su país por cuestiones de seguridad?

 

 

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