El Senado ampara que los emigrantes dejen de votar en las municipales

La eliminación del derecho de voto para los emigrantes es prácticamente una realidad después de que ayer la Comisión Constitucional del Senado validase la legalidad de la reforma de la ley electoral que excluirá de las consultas locales a los residentes en el exterior, entre otros cambios que se aplicarán a la reglamentación de las elecciones.

Los representantes en la comisión de la Cámara alta no introdujeron ningún cambio en el texto remitido desde el Congreso en diciembre, por lo que la aprobación de la reforma pactada entre PSOE, PP, CiU y PNV entrará en vigor en cuanto reciba la próxima semana el respaldo de la mayoría de los senadores, afectando sin remedio a las elecciones municipales del 22 de mayo. La sesión en la que se debatirá el cambio en la ley vigente desde 1985 quedó fijada finalmente para el día 19, tras descartarse ayer las 37 enmiendas presentadas por los grupos minoritarios y los dos vetos planteados contra la reforma por Izquierda Unida y Coalición Canaria, partido este último que en todo caso recurrirá al Tribunal Constitucional a través del Gobierno autonómico insular.

El BNG planteó también en la cita de ayer una serie de enmiendas encaminadas a lograr una reforma más profunda que la planteada, para excluir incluso a los emigrantes de las elecciones autonómicas y de las generales, permitiendo solamente la participación de los residentes ausentes que se encuentren temporalmente fuera de sus domicilios.

Dichas propuestas, así como otras de los nacionalistas para limitar al máximo el voto por correo y regular en condiciones de igualdad las campañas electorales en el exterior, fueron rechazadas dado el interés de los partidos mayoritarios en no cambiar el texto remitido por el Congreso para no tener que devolverlo desde el Senado de nuevo a la Cámara baja para un nuevo debate, lo que imposibilitaría su entrada en vigor en las municipales de mayo.

Las plataformas de residentes en el exterior mueven sus últimas fichas con la mayor celeridad para tratar de convencer al presidente del Gobierno y al líder de la oposición de que reconsideren la exclusión de los emigrantes de las elecciones municipales, pero dicha maniobra parece condenada al fracaso de antemano.