«Si la Xunta no reconsidera su postura, no terminamos marzo; tenemos que cerrar». Así de contundente se mostraba Víctor Iglesias González, el presidente de Galicia Terra de Acollida, al referirse a la delicada situación económica que vive la única oenegé dedicada exclusivamente a la atención de los inmigrantes en Ourense. La entidad, que actualmente atiende a 1.052 usuarios de 40 nacionalidades distintas en los distintos servicios que oferta a este colectivo, ha logrado aguantar el 2010, pero el recorte de subvenciones de la Xunta ha reducido su presupuesto «en torno a un 70%, y pasamos de 120.000 euros a 35.000», asegura su responsable.

A pesar de ello la oenegé no ha cerrado ninguna de sus actividades y servicios «e incluso logramos seguir promocionando y dando a conocer la entidad, que en este caso es esencial para poder llegar a todos los que nos pueden necesitar», afirma Iglesias González.

Despidos de personal

Sin embargo ese mantenimiento de la actividad con menos dinero, ha obligado a un ajuste presupuestario que se ha realizado en prácticamente todos los capítulos de los gastos ordinarios de funcionamiento, incluyendo el de personal. La entidad llegó a contar hasta con seis personas contratadas para hacer funcionar los distintos servicios. Actualmente tienen sólo un trabajador, financiado por la Xunta con un contrato de seis meses, otra persona enviada por el Concello a media jornada, y un trabajador social que está pagando la propia oenegé «sacando financiación de donde podemos, vendiendo camisetas, y con bajo sueldo», aclara. El trabajo en el departamento de asesoría jurídica, la labor de un trabajador social y un educador, además de la administración, se están cubriendo en estos momentos con voluntariado de la propia oenegé «con el consiguiente carácter de eventualidad, porque un voluntario viene cuando puede y no se puede garantizar que cualquier día tenga que irse», matiza.

Negociaciones

A pesar de la apurada situación económica, el responsable de Galicia Terra de Acollida no pierde la esperanza que desde la Xunta haya un cambio en las próximas semanas, antes de que la entidad quede definitivamente cerrada. «Estamos en negociaciones, tanto con la Consellería de Benestar como con la Secretaría Xeral de Inmigración, y confío en que se den cuenta de la necesidad de los servicios que se prestan.

Además de la oficina jurídica, el trabajo directo con menores para el refuerzo educativo, o con las familias, la entidad oferta teléfono solidario, cíber -tanto para comunicarse con sus familias como para enviar currículos y responder a ofertas de trabajo- y plan de formación.