Tras una jornada de acusaciones mutuas y tensión diplomática entre Roma y Bruselas, el ministro del Interior italiano, Roberto Maroni, afirmó anoche que Italia había pedido una ayuda urgente de 100 millones de euros a la Unión Europea para afrontar la emergencia humanitaria creada por el desembarco de miles de ciudadanos tunecinos en Lampedusa (Sicilia).

Pese a que fuentes militares tunecinas informaron de que el Ejército del país había desplegado a soldados en sus costas para tratar de poner coto el éxodo, Italia decidió movilizar a Protección Civil y poner a 200 militares en estado de prealarma. El ministro de Exteriores, Franco Frattini, se reunió anoche con el Gobierno tunecino, confirmó Maroni, para tratar de buscar una solución.

Las cifras oficiales del Gobierno italiano afirman que, desde el 15 de enero hasta ayer, han desembarcado en la pequeña isla 5.278 personas, 66 de ellas menores de edad y todas ellas de nacionalidad tunecina. Fuentes tunecinas aseguran que al menos cinco personas han muerto y otras 17 han sido dadas por desaparecidas al naufragar sus embarcaciones en las costas tunecinas.

El ministro Maroni, de la Liga Norte, alertó de que, si no se toman medidas urgentes, en los próximos días podrían llegar hasta Sicilia "hasta 80.000 personas" desde el Norte de África, un volumen "imposible de gestionar", dijo. Maroni viajará hoy a Sicilia con el primer ministro, Silvio Berlusconi, para buscar una nueva estructura donde alojar a los inmigrantes. El ministro explicó que había hablado con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, "para pedirle un consejo europeo extraordinario sobre inmigración", y que ha solicitado que la UE confiera un papel más operativo a la Agencia Europea de Fronteras, Frontex.

"Este no es un problema que se pueda resolver con la devolución inmediata de los inmigrantes", explicó el ministro. "No es un movimiento del crimen organizado sino un fenómeno social: las personas desesperadas cogen las barcas solas. Y no podemos rechazarlos porque no patrullamos en aguas tunecinas".

La huida de miles de tunecinos a Lampedusa dio urgencia y dramatismo al viaje de Catherine Ashton al país magrebí, al que llegó ayer justo al mes de la salida del poder del presidente Zine el Abidine Ben Ali. La nueva relación estratégica entre Bruselas y Túnez que ella debe trazar se vio eclipsada por el desencuentro diplomático italo-comunitario a propósito de la ayuda que la UE ofrece o niega a Roma para hacer frente al éxodo de su vecino del sur, y con las advertencias de Alemania, Francia o Luxemburgo de que hay que evitar a toda costa un estallido en el sur que genere un aluvión de inmigrantes que dé alas al populismo y a la xenofobia en la Unión. Ashton adelantó en Túnez que la Unión intentará otorgarle calidad de socio comercial preferente para el verano, y que va a desbloquear inmediatamente 17 millones de euros de ayuda sobre un total de 258 millones que serán entregados antes de 2013.

La alta representante de política exterior de la UE aterrizó en Túnez con un programa de ayuda dirigido a demostrar que "la UE es el más firme aliado de Túnez en su camino hacia la democracia". Sus entrevistas con el jefe del Gobierno, Mohamed Ghanuchi, y otros ministros responsables de carteras económicas se vieron complementadas con otras citas con representantes de la sociedad civil (organizaciones de derechos humanos, de mujeres, de estudiantes) en busca del nuevo énfasis que la Unión quiere dar a la relación con sus vecinos del sur.

A la cancillera alemana, Angela Merkel, la estrategia de contención del éxodo migratorio le parece crucial para evitar una invasión de la UE desde el sur. "Como es natural, no pueden venir ahora a Europa todas las personas que no quieren quedarse en Túnez", declaró en Berlín, mientras en Francia el ministro de Industria, Eric Besson, advertía que "no puede haber tolerancia con la emigración clandestina".

El responsable de Finanzas de Luxemburgo, Luc Frieden, subraya que la ayuda humanitaria a corto plazo que la Unión debe dar a Túnez ha de ir acompañada de unas políticas de cooperación económica y de inmigración que anclen a esas poblaciones en sus países. "La respuesta no es admitir a todos los pobres del norte de África, porque eso provocaría en la UE reacciones radicales", pronostica Frieden. "Hay que evitar que la extrema derecha avance en Europa. Hemos de ayudar a que la gente se quede en su país con ayudas al desarrollo".

La complicación que el éxodo supone para la UE quedó ayer de relieve con el rifirrafe entre Bruselas y Roma. La comisaria de Interior, Cecilia Malmström, habló el sábado con el ministro del Interior italiano para ofrecerle una ayuda comunitaria que, según ella, el ministro rechazó por innecesaria. Esa primera sorpresa de la comisaria se convirtió en pasmo el domingo cuando supo que Roberto Maroni arremetía contra la Comisión por abandonar a Italia a su suerte.