Las del próximo 22 de mayo serán las primeras elecciones municipales que no cuenten con el voto de los españoles residentes en el extranjero y sí con el de inmigrantes procedentes de países de fuera de la UE con convenios con España. Pero lo cierto es que quienes han tenido que abandonar su país de origen son, tal y como revelan los datos del Instituto Nacional de Estadística, reticentes a participar en los comicios del municipio en el que residen; de hecho, sólo una tercera parte de los ciudadanos procedentes de la Unión Europea y de países con acuerdos de reciprocidad en la comarca ha mostrado su voluntad de elegir a la Corporación local

AIDA MOSQUERA | A CORUÑA Los convenios bilaterales firmados por el Ministerio de Asuntos Exteriores con gobiernos de otros países para potenciar la participación de la población inmigrante en las elecciones municipales han aumentado el censo electoral en la comarca. Mientras en 2007 acudía a las urnas de la provincia un total de 1.861 extranjeros residentes en alguno de los 91 municipios coruñeses, el próximo 22 de mayo lo harán 2.362, de los que 966 están afincados en los concellos miembros del Consorcio das Mariñas y en el de A Coruña. Pese al evidente aumento de las cifras, hará uso de su derecho de sufragio tan solo el 36,2% de la población extranjera convocada por la Oficina del Censo Electoral del Instituto Nacional de Estadística (INE).

A las 865 personas procedentes de estados miembros de la Unión Europea que residen en A Coruña, Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada, habrá que sumar este año las 101 que han emigrado de países como Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú, y que han transmitido al correspondiente departamento del INE su voluntad de depositar su voto en la cita electoral de mayo.

Al igual que hizo Noruega en 1990, estos ocho estados han firmado el llamado acuerdo de reciprocidad, o tratado de amistad, con España y, por este motivo, el censo electoral cuenta también con la participación de quienes proceden de los mismos -deben estar empadronados, en este caso, en algún municipio de la comarca, tener permiso de residencia y llevar al menos 5 años viviendo en el país-.

Este tipo de convenios establece, y de ahí la citada reciprocidad presente en el artículo número 13 de la Constitución, señala que los inmigrantes españoles puedan votar en elecciones similares que se celebren en los países que firman el acuerdo.

Además de los procedentes de otros países de la Unión Europea, una condición que les da pleno derecho a participar en los comicios locales, siempre y cuando así lo soliciten en la Oficina del Censo electoral, y de los ciudadanos de estados con acuerdos, 331.604 españoles -nacidos en España o bien procedentes de otros países pero con nacionalidad española- están llamados a participar en los comicios que se celebrarán en los municipios del Consorcio das Mariñas y en el Ayuntamiento de A Coruña -201.785 personas de las convocadas figuran en el padrón del registro emplazado en el palacio de María Pita- el próximo 22 de mayo. Pese a que es el constante aumento de la población inmigrante el que evita el desplome demográfico de ciudades como la coruñesa, según datos del INE, quienes se han visto obligados a abandonar su país de origen continúan siendo reticentes a elegir a los gobernantes del lugar en el que residen.

Quienes por primera vez en la historia no podrán participar en las elecciones municipales, sea esta o no su voluntad, son los emigrantes españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El Senado aprobó la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), tras su paso por el Congreso, el pasado 19 de enero impidiendo a los ciudadanos elegir, desde la diáspora, al alcalde que gobierne en su municipio de procedencia. Esta ley afecta a cerca de 365.172 gallegos -de los que 127.580 son originarios de la provincia de A Coruña-, que sólo podrán ejercer su derecho de sufragio en el país en que residen, siempre y cuando la normativa del mismo se lo permita.

En Burkina Faso, por ejemplo, la normativa exige tener al día el pago de impuestos como condición para votar; en Uruguay, sólo se permite el voto a personas con familia legalmente constituida y, en el caso de la población extranjera, con 15 años de residencia en el país; en Argentina, la legislación electoral está descentralizada y existen dos provincias que prohiben votar a inmigrantes; y, en Perú, no se permite el voto de extranjeros en municipios fronterizos como consecuencia del temor a que sean absorbidos por los países vecinos.