La Comisión Europea no es capaz de resolver el rifirrafe entre Francia e Italia por los 20.000 emigrantes tunecinos sin papeles que Roma quiere enviar a Francia para que se disuelvan entre la masa de compatriotas que viven en ese país y que Francia se empeña en no aceptar. Ante un problema que requeriría de una toma de posición fuerte por parte del ejecutivo comunitario que interprete las reglas del espacio Schengen, la comisaria de Interior, Cecilia Malmstrom, prefiere dejar que el problema se arregle en una reunión que los dos países concernidos van a mantener el día 27 en París. El hecho de que ayer diera por buenas las explicaciones del cierre de la frontera durante el fin de semana no contribuye a resolver las cosas.
El hecho de que la Comisión haya dado validez tanto a la concesión masiva de ese permiso de residencia temporal por parte de Italia como la decisión de Francia de cerrar algunos pasos fronterizos durante el fin de semana no ayuda mucho a evitar la confrontación entre dos de los países fundadores de la UE en torno a uno de los derechos fundamentales.
Fuentes de la Comisión Europea dijeron anoche que, a pesar de las últimas declaraciones incendiarias del ministro italiano de Asuntos Exteriores, Franco Frattini, «los indicios que tenemos nos permiten pensar que los dos países van a resolver de forma bilateral estas diferencias» poniéndose de acuerdo en qué hacer con los tunecinos. Frattini había dicho que «si las cosas siguen así no habrá más remedio que ahorrar tiempo reconociendo simplemente que hemos cambiado de idea sobre la libre circulación de personas, que es uno de los elementos esenciales de la Unión».
Malmstron se manifestó ayer de forma complaciente con la posición del Gobierno francés que le envió una carta en la que le informó de forma «satisfactoria», según ella, de las razones por las que durante el fin de semana había cerrado determinados pasos fronterizos con Italia «de forma temporal y por razones de orden público», siguiendo las excepciones previstas en el Tratado de Schengen.
Los dos países se encuentran sometidos a una creciente presión interna con el fenómeno de la inmigración en plena efervescencia populista en toda Europa. Italia ha otorgado a los inmigrantes sin papeles una documentación que certifica que les ha concedido una residencia provisional de seis meses en Italia y para que Francia no pueda alegar que necesitan su pasaporte tunecino al entrar en el país, les ha dado un cuadernillo al que ha bautizado como «documento de viaje» (en francés también) para cumplir al pie de la letra lo que dice el Tratado.
Sin embargo «ese documento no es suficiente», según reconoce la Comisión, que recuerda que también son exigibles medios económicos de subsistencia, una dirección concreta y la garantía de que regresarán a su país al término de seis meses.
El viaje del presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, a Túnez la semana pasada no ha logrado tampoco los efectos esperados y el responsable del ejecutivo comunitario regresó a Bruselas con un paquete de promesas a las nuevas autoridades tunecinas, pero ningún compromiso directo ni sobre la repatriación de este contingente ni sobre la firma de un tratado de readmisión para el futuro. Por ahora, Italia ha logrado que Túnez acepte que le sean devueltos diariamente un centenar de emigrantes sin papeles, pero esa cantidad apenas alcanza para ocuparse de los que siguen llegando a lugares como Lampedusa, lo que es claramente insuficiente para resolver el problema de los 20.000 que ya están en Italia. Barroso ha prometido a Italia ayudas para restablecer el sector turístico en esta minúscula isla del Mediterráneo, un magro resultado para la gestión de este espinoso problema.
Aunque algunos expertos señalan que, teniendo en cuenta la evolución de la situación política en el norte de África, los problemas no habrían hecho más que empezar, otros señalan que la comparación con lo que sucedió en 2006 en Canarias revela que las dimensiones de aquella crisis fueron mucho mayores y sin embargo, no tuvo un efecto significativo.
