Las mujeres inmigrantes que denuncien malos tratos no serán repatriadas

Las mujeres inmigrantes en situación irregular que sean maltratadas por sus parejas podrán denunciar a los agresores sin el temor de ser repatriadas. Esta es una de las principales novedades del nuevo reglamento de la ley de extranjería que aprobó recientemente el Consejo de Ministros. Numerosos expertos habían alertado del problema añadido que suponía no tener los papeles en regla para las víctimas de violencia sexista en España. De hecho, casi el 30% de las más de 630 mujeres asesinadas por sus parejas en el último decenio eran extranjeras. El vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba dijo que la mujer que denuncie malos tratos en su ámbito familiar «recibirá de la policía el tratamiento que le corresponda por lo que le pasa» sin reparar en su documentación.

El acuerdo también incentiva el retorno de los inmigrantes que se hayan quedado sin trabajo en España. Así, quien decida regresar no perderá ninguno de los derechos laborales adquiridos durante sus años de estancia. «Es verdad que hay mucha gente que se resiste a volver porque lleva muchos años trabajando en España, piensa que es como si lo perdiera todo y no es justo», explicó Rubalcaba. «No es justo -añadió- que esa gente que ha trabajado en España y que por tanto, ha ayudado al crecimiento económico español se vaya y nadie le reconozca que ha estado aquí trabajando y se le equipare a aquellos que vienen por primera vez».

No todas las reacciones ante la nueva normativa han sido positivas. El PP consideró que «va a favorecer la entrada ilegal de personas sobre la legal y que permite regularizaciones masivas por la puerta de atrás a través del arraigo», según el portavoz de inmigración del PP en el Congreso, Rafael Hernando.

Por otra parte, 80 organizaciones sociales, que piden la regularización inmediata de los ilegales, rechazaron de manera «frontal» el reglamento de la ley porque es una nueva oportunidad «perdida» para avanzar en los derechos y libertades, deberes y garantías jurídicas de los inmigrantes. Recalcan además que no garantiza «su dignidad, su derecho al trabajo y a ser parte activa de la sociedad».