Francia e Italia celebran mañana una cumbre bilateral en la que los dos vecinos se disponen a poner sobre la mesa sus divergencias sobre el trato a los inmigrantes que vienen del norte de África. En lo único que todos los europeos están de acuerdo es en reconocer que lo que está sucediendo allí tendrá consecuencias y aumentará la presión migratoria en la orilla norte del Mediterráneo. A la luz del reciente episodio en el que la frontera entre ambos países fue cerrada temporalmente por parte de las autoridades de París, el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Franco Frattini, ha declarado en una entrevista que pedirá una revisión del Tratado de Schengen «sin poner en duda el principio de libre circulación» de los ciudadanos.
La disputa entre los dos países se desencadenó a raíz de la concesión por parte de Italia de un permiso de residencia temporal a unos 20.000 tunecinos que habían llegado ilegalmente hasta la minúscula isla de Lampedusa —con el inconfesado objetivo de permitirles entrar en Francia, adonde la mayoría quería dirigirse— ante la imposibilidad de devolverlos a su país. El Gobierno francés, bajo fuerte presión de la opinión pública en el espinoso asunto de la inmigración, llegó a cerrar el paso fronterizo terrestre de Vintimiglia para impedir la entrada a los tunecinos que solo fueran portadores de la documentación provisional italiana.
La Comisión Europea no fue muy eficaz como gestora de este conflicto, puesto que acabó reconociendo que Francia había actuado correctamente dentro de las reglas del Tratado de Schengen, aunque también admitió que Italia estaba en su derecho de emitir esos documentos.
En consecuencia, Frattini ha dado un paso más y ha pedido que se revise Schengen. «El muro de Berlín del Norte de África ha caído y en consecuencia el escenario bajo el que se definió ese tratado, e incluso el Tratado de Lisboa, ha cambiado dramáticamente».
