El presidente francés, Nicolas Sarkozy, y el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, acordaron ayer en Roma impulsar una "reforma urgente" del acuerdo de Schengen con la idea, no verbalizada pero aun así evidente, de limitar la libre circulación de inmigrantes entre los Estados europeos en situaciones excepcionales, como la registrada ahora por el éxodo de norteafricanos.

"Queremos que Schengen siga vivo", explicó Sarkozy tratando de esconder con buenas palabras la andanada contra el acuerdo que en 1985 dio paso a la Europa sin fronteras. "Pero para que siga vivo Schengen debe ser reformado", añadió. "Queremos reforzar el texto, queremos reforzar los controles de Frontex y más medios para que las fronteras de Schengen queden garantizadas". Berlusconi enfatizó su acuerdo con la línea francesa: "No queremos negar Schengen, pero estamos de acuerdo en que cuando se presenten circunstancias excepcionales debe ser modificado".

Ambos mandatarios decidieron solicitar a Bruselas la reforma del acuerdo a través de una carta conjunta cuyo contenido no trascendió, y que Berlusconi resumió así: "Hemos decidido nombrar dos personalidades para estudiar los temas de inmigración y desarrollar los tratados. Francia y nosotros trabajaremos juntos con el Gobierno de Túnez para frenar las salidas de inmigrantes. En la carta enviada a la Comisión pedimos más solidaridad de Europa con los socios de la orilla sur y con los países del norte de África. Los Veintisiete no pueden dejarnos solos".

Las dudas sobre el alcance real de esa reforma no fueron aclaradas, pero Sarkozy mencionó la necesidad de revisar "las cláusulas de salvaguarda" que permiten cerrar las fronteras, como habían avanzado el día anterior fuentes de su Gabinete. La cumbre entre París y Roma -que contó con la presencia de los ministros de Exteriores, Interior y Finanzas- sirvió también para aliviar los recelos bilaterales surgidos en las últimas semanas.

La intervención de la OTAN en Libia, acelerada por París y Londres contra los deseos del propio Berlusconi, y las presiones de empresas francesas sobre compañías italianas (primero LVHM sobre Bulgari y ayer mismo la opa de Lactalis sobre Parmalat), abrieron las primeras grietas.

Pero el tema más espinoso era sin duda la caótica gestión de los 25.000 inmigrantes tunecinos llegados desde enero a las costas de Italia. El posterior juego del escaqueo entre ambos países con los sin papeles desembocó en la entrega de visados temporales por parte de Roma a varios miles de tunecinos con la esperanza de que cruzaran la frontera francesa. El 17 de abril, el bloqueo francés de los trenes en Ventimiglia suscitó la cólera italiana.

La decisión de París de rechazar a los sin papeles llegados a Italia fue reconocida por el propio Berlusconi cuando afirmó: "No podemos acusar de nada a Francia, porque ha hecho cinco veces más esfuerzo en acogida que Italia, ellos reciben 50.000 refugiados anuales y nosotros 10.000".

Frente a la mirada corta y estrecha de líderes populistas, la sensatez del presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, resonó entre cajas con más fuerza que nunca. "Nada sería más miope, mezquino y perdedor que el repliegue sobre sí mismos de los países miembros de la UE ante el riesgo de flujos migratorios desesperados y masivos en nuestras orillas", advirtió.

La ministra española de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, se mostró contraria a modificar Schengen "en función de elementos de carácter coyuntural o temporal", como la llegada masiva de inmigrantes desde Túnez a Italia. Tras subrayar que aún no se ha hecho ninguna propuesta formal de reforma, insistió en que los europeos disponen de mecanismos para ordenar los flujos migratorios y que España no es partidaria de "dar marcha atrás a todas aquellas conquistas y avances conseguidos", informa Miguel González. Más contundente fue el secretario de Estado de Exteriores, Juan Antonio Yáñez, quien calificó de "catástrofe" el retorno a actitudes "egoístas y nacionalistas" ante la inmigración.