ALEXANDRA MOLEDO | A CORUÑA El aumento de la población inmigrante en España ha obligado a las comunidades autónomas a dedicar parte de sus recursos a la financiación de programas sociales para este colectivo, según destaca en el estudio Inmigración y Estado de Bienestar en España, que presentó ayer en A Coruña la fundación La Caixa. El gasto social dedicado a los inmigrantes ha crecido en los últimos años a medida que se incrementaba el volumen de extranjeros residentes en nuestro país.

Galicia ocupa la penúltima posición en lo que se refiere al gasto educativo destinado a los estudiantes inmigrantes, al contrario que la mayoría del resto de autonomías, en las que se constata una tendencia alcista, debido al aumento del presupuesto reservado para los escolares extranjeros, de forma paralela a la subida de estos alumnos en los últimos años. La comunidad gallega otorga el 2,29% de los recursos educativos a la población inmigrante. La única con una dotación menor es Extremadura, con un 2,09%.

Desde 2000 hasta 2007, Galicia incrementó en un punto su contribución a la educación de los inmigrantes, al pasar del 0,21% al citado 2,29%. Por el contrario, en otras comunidades la subida incluso superó los seis puntos, como es el caso de Cataluña, que pasó del 1,42% al 8,39%; o Aragón, del 0,62% al 6,97%. Los estudiantes extranjeros en las aulas españolas representaron un 9,6% el curso pasado, por debajo de la media europea y a mucha distancia de otros países con más tradición inmigratoria. De todas formas, la presencia de inmigrantes creció en todas las etapas de la educación obligatoria, en concreto, un 11,5% en Primaria y un 12%, en Secundaria.

En el ámbito sanitario, la subida no fue tan generalizada y sólo se observa una subida importante en Cataluña y Madrid con un 7,43% y un 7,13% respectivamente, seguida en menor medida de la Comunidad Valenciana, con un 4,06%.

En Galicia, el incremento fue bastante más discreto, al pasar del 0,12% del 2000 al 0,52% del 2007, lo que coloca a la comunidad como la undécima que más fondos destina al gasto sanitario para la población inmigrante. Sin embargo, la diferencia es menor que en el sector educativo, porque son once las comunidades que reservan menos del 1% a las prestaciones sanitarias de los extranjeros. La media nacional se sitúa en el 5%, pero la proporción es inferior al porcentaje de inmigrantes residentes en España.

Del informe también se desprende que el "gran beneficiario" de esta contribución es la Administración General del Estado, mientras que las autonomías y provincias se ven en dificultades para adaptar los servicios públicos al aumento de población. El documento destaca que la concentración de la inmigración en determinadas comunidades introduce desajustes en la distribución de recursos fiscales, lo que contribuye al deterioro de los programas de protección social.

La población extranjera se concentra en algunos puntos de la geografía española. Aunque en términos absolutos, Galicia, con 109.222 residentes extranjeros, es la quinta con menos inmigrantes, por el contrario, si se tiene en cuenta el porcentaje relativo, la comunidad ocupa la séptima posición.