Las multinacionales catalanas pueden incentivar los planes de retorno de los inmigrantes que viven en Cataluña. Solo deben contratar a extranjeros que residen en el territorio para que desempeñen labores en su país de orígen. De este modo, los inmigrantes podrán regresar a su tierra como "exitosos" empleados de empresas catalanas. Es el plan que está elaborando la Generalitat para incentivar el retorno voluntario de inmigrantes, adelantó ayer el director general de Inmigración, Xavier Bosch. Para ello, las empresas deberán cumplir un solo requisito: "Que tengan o quieran tener sede" en los países de origen de los inmigrantes contratados.

Sin ofrecer ninguna cifra sobre la capacidad de absorción de empleados de las multinacionales catalanas, el máximo responsable de inmigración del Gobierno catalán desgranó los detalles del inédito proyecto: irá dirigido a inmigrantes con cualificación de nivel medio que residen en entornos desfavorecidos de Cataluña. "Queremos que conciban la medida no como un fracaso, sino como un proyecto de éxito", añadió Bosch.

Por ello el plan incidirá en los extranjeros con un perfil "más emprendedor" pero que residen en entornos "donde no pueden desarrollar esta capacidad" y que están interesados "en regresar a sus hogares", detalló Bosch. El Gobierno catalán prevé involucrar en el proyecto a empresas privadas, asociaciones profesionales y entidades de inmigrantes en un asunto que cuenta con otra ventaja. "No comportará un incremento presupuestario", defendió Bosch refiriéndose a la medida, que la Generalitat incluirá en el Plan de Ciudadanía e Inmigración 2009-2012.

El proyecto, que no generó ni una sola pregunta ni prácticamente ningún tipo de reacción en la oposición, también permitirá contribuir a la economía productiva de los países que acogan a los inmigrantes de regreso a su tierra.Al margen de innovadores planes para incentivar el retorno de inmigrantes, Bosch detalló que la Generalitat pospondrá de forma indefinida uno de los pilares de la Ley de Acogida: la normativa para gestionar inmigrantes prescindirá de la Agencia de Migraciones, en contra de lo que fija la ley aprobada a mediados del año pasado. Esta norma define el organismo como la entidad básica para gestionar y ejecutar las políticas migratorias entre las Administraciones locales. No crearla supone retirar a los municipios el apoyo que la nueva norma ofrece a los Ayuntamientos.

Ley en mano, la agencia debería haberse creado el pasado marzo. La Generalitat, sin embargo, excedió ese plazo y tampoco prevé constituir el organismo en un horizonte cercano. "La situación económica nos impide crearla ahora, pero confiamos en poder hacerlo a lo largo de esta legislatura", reveló el responsable de inmigración de la Generalitat.

Bosch no detalló que el despliegue de la ley se pospone de forma indefinida, pero en la práctica supone algo parecido: la principal novedad de la ley consistía en aportar herramientas para que los Ayuntamientos puedieran trabajar en red, coordinarse y recibir apoyos para la acogida y gestión de la inmigración. Se trata de una herramienta clave para la mayoría de los Ayuntamientos pequeños y medianos de Cataluña, que llevan años desbordados por la tarea de acoger una inmigración sin disponer de competencias ni presupuesto para ello.

La agencia ahora en el limbo debía coordinar, ejecutar y gestionar las políticas migratorias con las Administraciones locales. El grueso de las funciones otorgadas a la agencia seguirá realizándolas el Gobierno catalán, pero la ley no podrá desplegar el trabajo en red entre las Administraciones municipales. Tras el farragoso trámite que supuso aprobar una ley que zanjaba las reivindicaciones municipales, el ámbito local vuelve a quedarse descolgado en la gestión de la inmigración.

Bosch rechazó que la pretensión del Gobierno de Artur Mas de vetar el acceso a la sanidad pública a quienes lleven menos de seis meses empadronados en Cataluña perjudique a los inmigrantes. "No hay ninguna intención de que afecte a la población inmigrante", señaló. Juristas y expertos consideran que ambas leyes incumplen la Ley de Extranjería, que concede a los extranjeros empadronados "derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles".

Tampoco admitió que otra norma de la llamada ley ómnibus que reclama cinco años de residencia en Cataluña para que las familias puedan recibir ayudas púbicas suponga un revés para los ciudadanos extranjeros. "Son medidas destinadas a combatir el fraude y la picaresca", opinó Bosch.