La reinstauración del permiso de trabajo como requisito para obtener un empleo por cuenta ajena en España no afectará a los rumanos ya integrados en el mercado laboral, según precisó ayer el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Actualmente residen en España 864.278 rumanos, de los que 302.501 cotizan a la Seguridad Social, según datos de mayo de este año.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, confirmó por la mañana en el Congreso la decisión de reinstaurar la exigencia del permiso de trabajo para los rumanos, adelantada ayer por EL PAÍS. “Estamos preparando una decisión, tenemos que concretarla en coordinación con las autoridades rumanas”, declaró.

Por la tarde, su departamento agregó que Gómez llevará la propuesta al Consejo de Ministros de mañana. “Es una medida estrictamente técnica, basada en consideraciones internas generadas por la situación del mercado laboral en España (...). La medida tiene carácter temporal y será objeto de una evaluación continuada”, precisó.

Fuentes gubernamentales explicaron que la intención es que la medida entre en vigor con carácter inmediato, probablemente el 1 de agosto, y se revise al cabo de un año. El Gobierno español y el rumano, que ya ha sido informado de la decisión, crearán un grupo de trabajo para gestionar cómo se aplica esta medida.

La exclusión de este requisito afecta no solo a los rumanos que tienen un empleo en España sino también a los que cobran subsidio de desempleo y están integrados en el mercado laboral. “No se trata de que se vayan los que ya están sino de frenar la llegada masiva de más”, explicaron las citadas fuentes.

Rumanía y Bulgaria ingresaron en la UE el 1 de enero de 2007, pero sus tratados de adhesión preveían un periodo transitorio de siete años para aplicar la libre circulación de trabajadores. España aplicó esta moratoria durante dos años, pero decidió renunciar a ella a partir de 2009, al contrario que la mayoría de los países de la UE.

La decisión que tomará mañana el Gobierno supone que volverá a estar en vigor la moratoria para los rumanos, aunque no para los búlgaros, que siguen excluidos de la misma. Como máximo, la exigencia de un permiso de trabajo —condicionado a la existencia previa de una oferta de empleo— podría prolongarse hasta 2014.

La decisión fue criticada por varias ONG que trabajan con inmigrantes (como Andalucía Acoge, Anaquerando y Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) que la calificaron de “lamentable” por señalar a un grupo de inmigrantes como “culpable de la crisis”.

Trabajo subrayó que los rumanos mantienen el derecho a circular libremente por España.