España debe justificar con datos las restricciones a inmigrantes rumanos

El viernes pasado el Consejo de Ministros reactivaba el periodo transitorio, una medida que le permitirá exigir un permiso de trabajo a los inmigrantes rumanos que desearan venir a España a trabajar por cuenta ajena. Pero el lunes la Comisión Europea pidió al Gobierno que acredite con datos el impacto negativo que supuestamente han generado los ciudadanos rumanos en el mercado laboral español.

La semana pasada el Ejecutivo confirmaba que iba a restablecer con carácter urgente la obligación para estos ciudadanos de contar con un permiso de trabajo para ser contratados. Las explicaciones que ofreció la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, apuntaban a que dada la alta tasa de paro que afecta al país, se pretende privilegiar la contratación de quienes ya se encuentran en España y frenar la llegada por motivos laborales de otros ciudadanos rumanos.

Además, aseguró que la tendencia de la llegada de inmigrantes rumanos ha ido en sentido contrario al resto de los flujos migratorios, pues en lugar de disminuir, ha ido creciendo en los últimos años pese a los embates de la crisis económica. La medida, aclaró, no supone una restricción al derecho a la libre circulación de personas, por lo que los ciudadanos rumanos que vengan a estudiar a España o que realicen trabajos por cuenta propia (por ejemplo, como autónomos) no tendrán ninguna restricción.

Pero la Comisión cree que el Gobierno debe demostrar que existe 'el riesgo de un impacto mayor en el mercado laboral' si quiere que esta medida esté acorde con la normativa europea. Y para ello deberá presentar cifras y datos que lo certifiquen, porque las estadísticas que maneja la Comisión Europea muestran que 'el número de trabajadores procedentes de Rumanía y Bulgaria retrocedió mucho en los últimos años en España', según indicó la portavoz de Empleo, Chantal Hughes.

Bruselas se encuentra analizando la legalidad de la decisión de España para dar a conocer su decisión al Consejo en un plazo de dos semanas. El Ejecutivo comunitario debe pronunciarse sobre si autoriza o no esta decisión -destacando que es la primera vez que un Estado miembro pide que se active la cláusula de salvaguarda-, aunque la última palabra la tendrán los Estados miembros. www.redinmigrante.es