Los rumanos parados en España no necesitarán permiso de trabajo

Los rumanos residentes en España que se encuentran en paro no se verán afectados por la exigencia de un permiso de trabajo que, desde la semana pasada, el Gobierno impone a los ciudadanos de este país de la UE que desean establecerse en España.

Así lo ha expresado esta tarde el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, durante una rueda de prensa que ha ofrecido con su homólogo rumano, Sebastian Lazaroiu, para concretar y explicar los términos del acuerdo suscrito entre ambos países para reactivar el periodo transitorio en materia de acceso al mercado de trabajo español para el colectivo de extranjeros más numeroso en nuestro país.

Gómez ha añadido que los rumanos que quieran venir a España en situación de autónomos tampoco se verán afectados por esta medida, dado que la moratoria que se levantó en 2009 se centraba exclusivamente en los trabajadores por cuenta ajena.

Además, el Gobierno "no tendrá en cuenta la situación nacional de empleo, a diferencia de lo que ocurre con los ciudadanos extracomunitarios", que deben contar con un contrato previo, si quieren vivir en nuestro país, sujeto al Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura.

"Sigue siendo una situación de mejor trato y posición", ha resumido el ministro, quien, no obstante, ha reconocido que para su Departamento "no ha sido fácil" tomar esta decisión.

"Se toma atendiendo exclusivamente a razones de orden laboral", ha recordado. En la actualidad, 860.000 rumanos residen en España, con una tasa de desempleo que llega al 30% (10 puntos más que la tasa de desempleo general).

"Hay razones para pensar que nuevas entradas de rumanos sin permiso de trabajo previo elevarán la tasa de desempleo entre la población rumana residente en España y también entre la población española", ha argumentado.

Su homólogo ha indicado que esta decisión "no ha provocado alegría" entre el colectivo rumano, aunque ha dicho que la entendía, dada la "difícil situación que atraviesa España". También ha recordado que la CE, a quien el Gobierno español le ha comunicado su iniciativa, "puede rechazar esta medida, puede materializarla o puede aceptarla".