La Comisión Europea faculta el cierre de fronteras bajo su control

16 de septiembre de 2011,

Bruselas, 16 sep (PL) La Comisión Europea (CE) ratificó hoy eventuales cierres "temporales" de las fronteras entre los 27 estados comunitarios, pero sin ceder facultades unilaterales a los países que anunciaron drásticas restricciones para frenar la inmigración.

  Los estados miembros conservan la prerrogativa de reintroducir controles limitados en caso de seria amenaza al orden público o a la seguridad nacional, explicó la comisaria de Interior, Cecilia Malmström.

El organismo ejecutivo de la Unión Europea (UE) se reservó, sin embargo, la facultad para autorizar la adopción de esa medida en situaciones de contingencias y por un plazo que supere al establecido por el Tratado de Schengen, según comunicó la funcionaria.

Bajo la protesta de Alemania, España y Francia que desaprueban ceder jurisdicción a la UE en cuestiones de soberanía, la CE sugirió que un comité de expertos autorice por mayoría cualificada una prórroga de los controles fronterizos, medida que plantea serias modificaciones al Tratado de Schengen.

Necesitamos un enfoque europeo, a partir de una propuesta que decidan todos, alegó Malmström durante un debate programado en la UE para definir el destino de la normativa, que desde 1995 permitía el libre tránsito entre los 25 estados signatarios del acuerdo.

Espero, dijo, que saluden la posibilidad de que todos los europeos participen en la decisión en lugar de tener una decisión unilateral, al reiterar que Bruselas no quita poderes a los países individuales.

Las naciones con estatus de asociado en Schengen como Suiza, Lietchtenstein y Noruega no tienen derecho a voto en el comité, aunque pueden opinar, recordó la comisaria.

Se entiende por situaciones de emergencia un ataque terrorista, visitas estatales de alto rango o competiciones deportivas, las cuales requerirán de un permiso de la CE si se prolonga más de cinco días por "circunstancias excepcionales", insistió la titular.

A raíz de las medidas dispuestas unilateralmente por Francia en 2010 para expulsar a gitanos búlgaros y rumanos y de las críticas de la UE, el Ejecutivo comunitario permitió la reintroducción de los controles, limitado entonces a 30 días y fundamentados en la seguridad pública.

Francia e Italia, con apoyo también de Holanda y Dinamarca, exigieron restricciones en el flujo fronterizo comunitario para frenar las oleadas migratorias al Viejo Continente y se niegan a dar competencias a la CE en materia de seguridad.