Los centros de internamiento de extranjeros son necesarios para la política en materia de inmigración pero “es necesario revisar su funcionamiento”, ha señalado esta mañana el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en su primera comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. La revisión tendrá que realizarse teniendo en cuenta que haber infringido normas de carácter administrativo, como no tener papeles, “no les convierte en criminales”. Con la nueva regulación, los policías se encargarán solo de la seguridad del centro, y personal “especializado” (el ministro no ha especificado si trabajadores sociales, educadores u otro tipo de agentes sociales) del resto de las tareas. Se abordarán también las diferencias entre centros, se acometerán los “cambios de cierto calado” que exigen, en concreto, los centros de Málaga y Algeciras, se mejorará “el servicio asistencial y sanitario de los centros y se dedicará “el espacio adecuado a actividades comunes y de recreo”, ha afirmado Jorge Fernández Díez.

El ministro ha seguido las indicaciones de la oficina del Defensor del Pueblo, que le remitió la semana pasada un informe provisional tras la visita al CIE de Barcelona, en el que a principios de enero murió un joven de 21 años. “Estamos examinando la posibilidad de implantar servicios sanitarios permanentes, y las cámaras de seguridad que solicitaba el Defensor ya se han instalado”.

Antonio Hernando, portavoz socialista de la comisión de Interior, se ha mostrado de acuerdo con estos principios, y ha sugerido que los CIE deberían parecerse más a un CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) de carácter más asistencial, que a una cárcel. “En ese ámbito nos vamos a mover”, ha respondido Fernández Díaz, quien ha propuesto al resto de los grupos que traten de alcanzar el máximo consenso posible en esta materia.

En los CIE hay inmigrantes con antecedentes policiales o penales (en este último caso, cuando se sustituye la pena o parte de la pena por la expulsión) y también gente que solo ha cometido una infracción administrativa: no tener documentación para entrar o residir en España. Fernández Díaz ha reconocido que esa “mezcla” está en el origen de algunas circunstancias negativas que se producen, pero no ha especificado de qué manera se va a abordar esta cuestión. Ha ofrecido algunos datos sobre el tema, pero aún faltan algunos para que la imagen sea completa.

El número de expulsiones de personas con antecedentes ha aumentado, pasando del 57% al 80% en 2011, ha señalado el ministro. Pero esta cifra no significa que el 80% de los inmigrantes que están en el CIE tengan antecedentes policiales o penales, porque muchos de los internos no llegan a ser expulsados. Para poder examinar cuál es la composición de los CIE habría que ver la distinción entre inmigrantes con antecedentes y sin ellos, pero no con respecto a los expulsados sino respecto a los ingresados en el CIE.

Fernández Díaz ha indicado que durante 2011 la ocupación media en todos los CIE fue del 67,39% (aunque no ha ofrecido cifras por centro) y que la estancia media por interno fue de 18,21 días de los 60 que permite la ley.