Algunas comunidades facturan las urgencias a inmigrantes

Pese a que el real decreto-ley 16/2012 del Gobierno central garantiza la atención en Urgencias de los inmigrantes irregulares, cada día se conocen casos de comunidades autónomas que facturan a los extranjeros por la asistencia sanitaria urgente, incluidas embarazadas y menores de edad.

 

 

Un ejemplo es lo ocurrido en Aragón, un caso que ha sido denunciado por la organización Médicos del Mundo. Allí se han detectado 25 casos de inmigrantes a los que se les ha facturado la asistencia sanitaria en centros de salud de Zaragoza entre septiembre y diciembre de 2012. 

 

Algunos de los afectados son niños y embarazadas que, según el real decreto, tienen derecho a la misma atención que los ciudadanos españoles. Estos cobros se deben principalmente a la confusión existente entre los profesionales sanitarios.

Como estos casos son sólo los que han acudido a denunciar la situación a la organización en Aragón, es muy probable que existan muchos más que no hayan dado el paso de pedir ayuda o asesoramiento. La mayoría de los afectados son de origen africano.

 

Pero esta situación también se produce en comunidades que han creado fórmulas específicas para ofrecer atención sanitaria a inmigrantes irregulares, aunque cumpliendo ciertos requisitos. Según informa la web Noticias de Navarra, en la comunidad foral también se ha facturado la atención recibida en Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra. Pese a que este servicio es gratuito para este colectivo, se les entrega una carta de prefacturación tras ser atendidos, algunas por importe de 300 euros.

 

En Andalucía, una comunidad que anunció que no aplicaría la normativa impulsada por el Ministerio de Sanidad, también ha habido algunos problemas. Hasta diciembre eran más de 40 las reclamaciones, de las cuales más de 30 se generaron en la provincia de Málga, según la Plataforma Solidaridad con los Inmigrantes. Y es que se han emitido facturas por importes que van de los 400 a los 24.000 euros y, en otros casos, se les han exigido requisitos arbitrarios o se les ha derivado al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

 

El real decreto-ley 16/2012 retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares el pasado 1 de septiembre en todo el país. De este modo, quedaban excluidos de la atención primaria y sólo podían ser atendidos en los servicios de urgencias por enfermedad grave o accidente. La excepción son las embarazadas, que tienen atención gratuita tanto durante el embarazo, parto y postparto, y los menores de edad. www.redinmigrante.es