La petición se incluye en su informe para 2012, año en el que la nueva norma del Gobierno, que establece el copago en función de la renta, incluidos los pensionistas, y la retirada de la tarjeta sanitaria a los "sin papeles" fue uno de los asuntos más estudiados por la institución.

El cambio legal introducido "adquiere una dimensión en los supuestos de mayor vulnerabilidad", como es el caso de los inmigrantes irregulares con procesos graves.

Por ello, la Defensora del Pueblo, Soledad Bacerril, ha pedido que se dicten "las instrucciones precisas para la adecuada atención" de estas personas.

Desde el 1 de septiembre de 2012, con la entrada en vigor de la norma, más de 153.000 inmigrantes irregulares perdieron su tarjeta sanitaria en España y solo tiene derecho a las urgencias, la maternidad y la atención infantil hasta los 18 años.

Para recibir una cobertura completa deben pagar una cuota mensual.

Debido a la crisis que sufre España desde 2007, muchos inmigrantes han perdido su trabajo y por tanto la posibilidad de renovar su permiso de residencia, con lo que quedan en situación "irregular" y pierden su derecho a recibir asistencia sanitaria completa.

El Gobierno español justificó la medida para garantizar la sostenibilidad de la Sanidad pública, aquejada de una deuda de 16.000 millones de euros (20.000 millones de dólares).