Este es uno de los aspectos que puso en valor la diputada popular Paula Prado al defender el proyecto, pues incidió en que «supón un impulso á proxección exterior da economía galega». No obstante, los tres grupos de la oposición se desmarcaron del texto, pues echan en falta que no se reconozcan «os dereitos cidadáns» de los emigrantes.
«Marxina aos emigrantes galegos de participar na vida social, cultural, económica e política de Galicia», denunció la socialista Marisol Soneira, que considera que quedan excluidos de esta normativa el 90 % de los emigrantes que no participan de los centros del exterior.
El nuevo texto también regula el respaldo de la Administración al emigrante retornado, que la oposición juzga insuficiente.
