Inmigración y desacuerdos

(14/10/2013)

Inmigración y desacuerdos

JOSÉ MANUEL ESTÉVEZ-SAÁ

El Correo Gallego / Lunes 14.10.2013

EL COMPROMISO asumido en Luxemburgo por los ministros de Interior de la UE para reforzar las competencias de la agencia europea de gestión de fronteras FRONTEX, contrasta con las limitaciones de un organismo que ha visto mermado su presupuesto en casi un 25% en los últimos años. Mientras en Italia se plantean la descriminalización de los inmigrantes ilegales, Reino Unido confirma su decisión de hacer todo lo contrario, no sólo sancionando a quienes alquilen viviendas a extracomunitarios, ­sino impidiendo que puedan abrir una cuenta bancaria o sacar el permiso de circulación. Pero este desajuste en las políticas de inmigración no es nuevo. 15 de los 28 socios de la UE (incluidos Francia, Alemania, Finlandia, Grecia o Italia) sancionan con penas de cárcel y severas multas a aquellos que, incluso basándose en el derecho de amparo, ofrezcan cobijo o ayuda a los inmigrantes irregulares, pues consideran que esta actitud favorece el tráfico ilegal de seres humanos (algo que está estudiando España en su reforma del Código Penal). Incluso Lituania aplica políticas más que rigurosas, algo que llama la atención no tanto por presidir el Consejo de la UE, cuanto porque su ministro de Interior reclamaba estos días una "respuesta legislativa unánime" y económicamente solvente ante las redes ilegales de inmigración.

Mientras algunos Estados apuestan por reforzar la vigilancia en las aguas fronterizas y optimizar las barreras de contención, otros prefieren políticas de prevención en los países de origen, al tiempo que proponen "pasillos humanitarios" que ayuden a gestionar los flujos migratorios. Mientras algunos confirman su decisión de expulsar y repatriar a los irregulares a sus lugares de origen (condenándolos a "las torturas, las represalias, las mutilaciones, o la propia muerte" de las que ya hablamos ("Hacia el espacio Schengen", ECG 25/04/2011), otros prefieren modificar el Convenio de Dublín (y su Regulación II de 2003) para que los refugiados puedan pedir asilo preventivo no sólo en el primer país al que lleguen, sino en cualquier embajada de la UE. Y mientras ciertos miembros de la Unión proponen reforzar los centros de asilo e internamiento de los países fronterizos y parapetar ahí el problema, otros apuntan a la redistribución de los irregulares por toda la UE como medida para paliar los problemas de envejecimiento demográfico. Lo cierto es que mientras sigamos protegiendo intereses económicos y políticos partidistas en vez de fijar nuestra atención en el drama humano que motiva la tragedia, los "acordes y desacuerdos" dentro de la UE seguirán ahí, y los cuerpos sumergidos en esas aguas próximas a Lampedusa que en su momento visitamos y describimos aquí no descansarán en paz.