(17/12/2013)
Seguro que has oído hablar de la Ley de Seguridad Ciudadana y del anteproyecto que se está debatiendo en los últimos días.
Habrás oído que esta ley pretende el endurecimiento de las penas y sanciones económicas por actos de protesta y desobediencia y sobre el hecho de que se limita el derecho de reunión, entre otras nuevas medidas.
Sin embargo, lo que a lo mejor no has oído, es que esta la aprobación de esta ley supondrá la modificación de la Ley de Extranjería para facilitar la expulsión de inmigrantes en situación irregular.
El anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana incorpora una disposición adicional primera que establece la modificación de las condiciones para proceder a la expulsión. La actual ley establece que la sanción principal a imponer a un extranjero que está en España en situación irregular es la sanción económica, y que la expulsión se determinará en base al “principio de proporcionalidad”. Aunque esta medida, en la práctica, se aplicaba casi a la inversa, donde la policía tiene tendencia a abrir procedimientos de expulsión en todos los casos. Sin embargo, a partir del año 2006, el Tribunal Supremo fue creando jurisprudencia basándose precisamente en esa referencia a la proporcionalidad, de tal forma que la multa impuesta a los extranjeros debía tener relación directa con la infracción cometida y reservando la expulsión sólo para los hechos más graves. Pero en el nuevo articulado que se pretende, la sanción y el proceso de expulsión ya no son excluyentes y se ha eliminado esa referencia a la proporcionalidad por lo que incluso por el simple hecho de encontrarse en situación irregular los expedientes de expulsión podrían llegar a prosperar. De esta forma, el Gobierno podría estar eliminando la jurisprudencia creada sobre este problema.
Por otro lado, el anteproyecto también prevé legislar otros aspectos sin tener que llegar a modificar directamente la ley de extranjería. Por ejemplo, el artículo 38 del anteproyecto establece la pérdida del derecho a solicitar permisos de residencia o trabajo a aquellas personas que cometan infracciones graves o muy graves. Teniendo en cuenta que muchos actos de desobediencia o protesta serán considerados como graves, muchos inmigrantes podrían verse afectados y perder su residencia por actos como hacer botellón, oponerse a su desahucio o realizar cualquier acto de desobediencia.
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