En la reunión, que tuvo lugar en las instalaciones del Centro de Interpretación da Mariña lucense (Cenima), los emigrantes hicieron balance de las acciones llevadas a cabo desde septiembre pasado, cuando comenzaron a salir a la luz los primeros casos de sanciones por no declarar en su momento las pensiones recibidas de los países en los que trabajaron.

Desde el colectivo, que actualmente integra a unos 150 afectados de toda la comarca mariñana, intentaban ayer incorporar nuevas voces a la directiva para mantener vivas sus reivindicaciones. Aunque la asociación está integrada por vecinos que residen en los distintos concellos que conforman la comarca mariñana, un buen número de los afectados pertenecen al municipio de Viveiro.