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Arousa. Defraudados, no defraudadores

(24/02/2014)

Defraudados, no defraudadores

Los emigrantes piden la derogación de una ley de Zapatero recuperada por Montoro que les obliga a pagar un tributo del que no les informaron

Quieren dejarlo claro desde el principio. No es que se nieguen a tributar. De hecho, les duele que el propio PSOE los haya culpado de ser personas sin cultura tributaria «cando nós xa pagábamos impostos no estranxeiro, nunca época na que en España non se tributaba», recuerda su portavoz, Xosé Leirós.

Son los miembros de la Plataforma de Emigrantes Retornados de O Salnés, una asociación con unos 300 afectados en la comarca que se suma a otras 17 en Galicia reunidas en la Coordinadora Nacional Galega, con unos 250.000 perjudicados solo en la comunidad.

Muchos se habrán sorprendido al verlos manifestándose ante el edificio de la Agencia Tributaria o plantándose en los plenos municipales. Y se habrán preguntado qué empuja a unas personas que estuvieron trabajando toda la vida a movilizarse ahora en la jubilación, cuando deberían estar recogiendo las mieles de haber levantado este país en una época en la que en Galicia no había ni para comer.

Ellos también se lo preguntan. Se lo preguntan desde hace uno año, desde que empezaron a recibir unas cartas de la Agencia Tributaria en las que se les reclamaba el pago de los tributos generados por las pensiones que reciben del extranjero. En dichas notificaciones se dice expresamente que no consta que el titular de la pensión «haya cumplido dicha obligación», lo que automáticamente los convierte en defraudadores. Las reclamaciones van del año 2008 al 2012, y la cantidad depende de las pensiones recibidas por cada uno de los afectados, pero oscilan entre los 2.000 y los 30.000 euros.

El quid de la cuestión es que esas cartas que los emigrantes retornados empezaron a recibir en marzo del año pasado tienen efecto retroactivo; es decir, se les reclama el pago de un impuesto durante cuatro años cuando ninguno de los afectados había sido informado de que lo tenían que pagar. Es más, la mayoría de ellos, al volver a España, preguntaron al respecto, «e sempre se nos dixo que non tíñamos que facelo», recuerdan.

 

Dos pagadores

Detrás de estas reclamaciones que vinieron a amargar la jubilación de estas personas que hace años tuvieron que emigrar para dar de comer a toda su familia, está una ley, la 35/2006 que fue aprobada por el PSOE siendo Zapatero presidente del Gobierno. De su existencia nada sabían, aunque la situación en la que se encuentran les obligó a informarse y a entender lo que había pasado. «Zapatero aprobou a lei pero non a aplicou, e cando chegou o PP, Montoro atopouna no caixón e decatouse de que aí tiña unha mina». Nadie les quita de la cabeza que fue una estrategia más del PP para recaudar nuevos impuestos en tiempos de vacas flacas. En resumen, lo que hace la ley es rebajar a 11.200 euros la cantidad mínima para tributar por las pensiones aquellas personas que tienen más de un pagador; o sea, el Estado español y el país en el que trabajaron los afectados.

Y ellos, insisten, no están en contra de pagar sus impuestos. Pero consideran por una parte injusto que se les reclamen cantidades del pasado cuando nadie les había dicho que tenían que pagarlas. Pero además, exigen que se derogue la ley al considerarla discriminatoria, puesto que a quien solo tiene una pensión, el mínimo que se le exige para tributar es de 22.000 euros, cantidad que creen que se les debería aplicar a ellos.

Agobiados porque muchos carecen de recursos para hacer frente a la deuda -ya hubo que lamentar algún suicidio- y dolidos por cómo les trata su país de origen y por el que tanto hicieron en los tiempos duros de la dictadura, llevan un año movilizándose para exigir no solo que se derogue la ley, sino también que se les condonen las multas. No soportan que los llamen defraudadores. Ellos más bien se sienten defraudados.

Gran manifestación en A Coruña

 

 

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