Todd salía al paso de este modo al anuncio realizado 24 horas antes por Alemania, que quiere imponer fuertes restricciones de acceso a las ayudas sociales y obligar a los inmigrantes que lleven seis meses desempleados y sin perspectivas laborales a abandonar el país. Los Tratados de la UE garantizan la libre circulación de personas entre fronteras pero existen salvaguardias en torno a la residencia: Más allá de los tres meses de estancia, cualquier ciudadano de la UE puede ser expulsado de un país miembro si resulta «una carga excesiva» para el Estado, explicó el portavoz.
Ese fue el argumento esgrimido por Bélgica y el Reino Unido para iniciar sendas reformas migratorias que empiezan a sentir los españoles residentes en estos países. En Bélgica, la secretaria de Estado para la Inmigración, Maggie de Block, fue lo suficientemente hábil para sortear a Bruselas durante la reforma de la política migratoria y de asilo. Fusionó las carteras de Integración Social e Inmigración. Ahora el Gobierno puede cruzar datos de empleo con los de receptores de ayudas sociales e identificar a las personas que deberían abandonar el país. El año pasado 323 españoles recibieron cartas de expulsión.
El caso del Reino Unido es más complejo. Bruselas criticó varias ocasiones al Gobierno de Cameron por intentar que los residentes temporales, incluidos estudiantes, contribuyesen al sistema nacional de salud «para combatir el turismo sanitario». Tampoco gustó la iniciativa para obligar a arrendatarios y bancos a comprobar el estatus legal de sus clientes con el fin de garantizar que cuentan con permisos de residencia.
Cameron trata de blindar las fronteras para ganar popularidad entre los euroescépticos de cara a las elecciones europeas. Su partido se sitúa como tercera fuerza en intención de voto. El discurso del «no cabemos todos» del populista UKIP parece funcionar.
La mano dura en política migratoria y la crítica a la libre circulación en la UE gana adeptos y votos. En Francia, el Frente Nacional se alzaría con el 20 % de los votos convirtiéndose en la segunda fuerza más votada. El PVV holandés, partido xenófobo y antiinmigración, empata en primera posición con la agrupación del actual Gobierno, los liberales. En Austria se repite la situación. El ultraderechista FPÖ clama por seguir el mismo camino que sus vecinos e imponer restricciones a toda la inmigración. Los sondeos le dan el triunfo en las europeas empatado con los conservadores.
Casi 7.000 españoles en paro en Alemania
El informe apunta que al cierre del 2013 eran ya 59.241 los españoles trabajando legalmente en Alemania, lo que supone un incremento del 18 % respecto del año anterior y un 56,5 % en comparación con las mismas fechas del 2010. Del total de empleados, 52.214 están cotizando allí. En este mismo período, el número de parados se ha incrementado un 49 %, pasando de 4.422 en enero del 2010 a los 6.592 que señala la Oficina Federal de Empleo.
En paralelo, a 1 de diciembre del 2013, hasta 10.469 españoles estaban recibiendo una ayuda estatal de «seguridad básica para solicitantes de empleo», un 23 % más que en las mismas fechas del año anterior, cuando eran 8.019 los beneficiarios, y un 57,9 % más que en el 2010.
La cifra de trabajadores españoles ha sufrido un incremento exponencial en los últimos tres años, que la Oficina Federal relaciona directamente con el impacto de la crisis de la deuda sobre la economía nacional, y que también ha incrementado la emigración a Alemania de griegos, italianos y portugueses, que registran cifras notablemente más elevadas que las de España. En total, al cierre del año pasado trabajaban unas 500.000 personas de estos cuatro países, constituyendo el 1,4 por ciento del mercado laboral alemán.
En cuanto a los rumanos y búlgaros, los colectivos que más preocupan, la Oficina Federal de Empleo destaca que en diciembre del 2013, 137.000 ciudadanos de estas nacionalidades estaban trabajando, un 24 % más que en el mes anterior. De ellos, 115.000 están cotizando y otros 21.000 se encuentran en situación de «subempleados».
