Los españoles residentes en países de Centroamérica que trabajan por cuenta ajena se han quedado en desventaja con respecto a los residentes en el territorio a la hora de recibir atención sanitaria en España, tras la entrada en vigor de la Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Así lo puso de manifiesto el representante del CRE por la República Dominicana, Eduardo Pahíno, durante la reunión de la Comisión Sociolaboral del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), presidida por la consejera María Teresa Michelón y celebrada en Madrid los pasados días 5 y 6, y a la que asistió el director general de Migraciones, Aurelio Miras Portugal, y el presidente del CGCEE, Eduardo Dizy. La secretaria general de Inmigración y Emigración, Marina del Corral, también quiso saludar a los miembros de esta Comisión.
Según Eduardo Pahíno, con la nueva Ley, los españoles en el exterior que trabajan por cuenta ajena y que residen en países con los que España no firmó un convenio de bilateralidad en materia sanitaria, como es el caso de Venezuela o República Dominicana, tienen serias dificultades a la hora de ser atendidos por la sanidad española y las circunstancias también varían de unas comunidades a otras, ya que, según comenta, en el caso de Galicia, pueden recibir asistencia solo en caso de urgencia.
Pahíno puso en conocimiento de los integrantes de la Comisión la insatisfacción e inseguridad que genera entre el colectivo afectado la actual normativa –“con la que no está contento nadie”, dijo– y recordó la propuesta realizada a la Administración para que se les permitiera contribuir con una cuota que les diera derecho a hacer uso de la sanidad española en igualdad de condiciones que los residentes en el territorio.
“Queremos contribuir para sostener el sistema sanitario” español, asegura Pahíno, quien reitera que la ley actual no les “garantiza el derecho a la asistencia sanitaria”, pese a que la Administración dice que está garantizado.
“Está garantizado de derecho, pero no de hecho”, matiza, y pone el ejemplo de las garantías de derecho que se reconocen a los españoles en la Constitución para que tengan un trabajo o una vivienda digna, pero la realidad “no es así” y solo se podrá disfrutar de atención sanitaria “después de un entramado burocrático muy enrevesado, muy dificultoso”, comenta.
Por ese motivo, durante la reunión se acordó hacer otra nueva propuesta y solicitar la presencia en el próximo pleno del Consejo General de un representante del Ministerio de Sanidad para que atienda a la reclamación y dé explicaciones al respecto.
Además de hacer hincapié en este asunto, la Comisión Sociolaboral también se centró en los problemas que pueden generar a los españoles que residan fuera del territorio nacional por un periodo superior a 90 días las nuevas medidas sobre la validez de la tarjeta sanitaria española.
Durante la reunión se abordó además el conflicto de los pensionistas retornados con Hacienda, que les reclama cantidades atrasadas y sanciones por haber eludido declarar las pensiones que perciben de países extranjeros. Sobre el particular, la Comisión acordó pedir que se dejen sin efecto las sanciones impuestas, puesto que a los afectados no les fue comunicada la necesidad de declarar dichas cantidades.
Pese a reconocer la obligación de todo ciudadano de contribuir al pago de impuestos, los integrantes de la Comisión reiteraron que en el ánimo de estos pensionistas no figuraba la intención de delinquir, de ahí que pidan se les retire la sanción.
