El Gobierno ha concedido la nacionalidad española a 300.000 personas que la han solicitado en virtud de la conocida como Ley de Memoria Histórica, que abrió la puerta a que los descendientes de exiliados pudieran convertirse en nacionales.

La disposición adicional séptima de esa norma, aprobada en diciembre de 2007, daba un plazo de tres años para que los hijos de padre o madre originariamente españoles pudieran solicitar la nacionalidad, y también permitía solicitarla, sin fijar plazos, a los nietos de quienes la perdieron o tuvieron que renunciar a ella como consecuencia del exilio.

Desde la entrada en vigor de la ley, según explica el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado a Amauir, Jon Iñarritu, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo ha recibido medio millón de solicitudes de nacionalidad. De ellas, “300.000 ya han sido concedidas, al acreditarse los requisitos para adquirir la nacionalidad española”, unas 25.000 han sido denegadas y el resto se encuentran en curso.

El diputado abertzale se interesaba, en concreto, por las solicitudes presentadas en Cuba y la demora en su resolución. El Ministerio de Justicia, que se encarga de estas gestiones, le informa de que en la actualidad se encuentran en trámite un total de 102.344 expedientes en la isla caribeña.

Según el Ejecutivo, en este caso el tiempo medio de resolución asciende a 18 meses, si bien éste varía “considerablemente” en función de varios factores como la complejidad del expediente, si se requiere aportar documentación adicional y el Consulado General donde se presente la solicitud.

Por ejemplo, en el Consulado General de La Habana se han presentado más de 190.000 peticiones de nacionalidad y el volumen también es muy grande en los de otras ciudades cubanas. “Ello ha supuesto que ante expedientes complejos o que requirieran documentación adicional se haya extendido el tiempo de tramitación”, argumenta el Gobierno.

Además, el departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón apunta que la Ley de Memoria Histórica no estuvo “acompañada de un incremento de medios personales y materiales” para hacer frente al procedimiento que establecía para la concesión de la nacionalidad española a hijos o nietos de exiliados.