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Inmigrantes en libertad vigilada

(30/06/2014)

Inmigrantes en libertad vigilada

La policía se presenta en casa de una pareja de sexagenarios argentinos que vive en Santiago desde 2006 para retirarles el pasaporte delante de sus nietos

 

El Pais

 

 

 

La pareja, en el piso donde reside con su familia / Óscar Corral

 

Ni el empadronamiento, ni el empleo estable, ni sus ocho años de residencia en Santiago, ni sus vínculos familiares. Nada es suficiente para evitar su repatriación. Una pareja de argentinos de 59 y 64 años de edad se enfrenta a la deportación a su país de origen en cumplimiento de una Ley de Extranjería que “impide” a la mujer acreditar su contrato de trabajo como empleada doméstica, según denuncia el Foro Galego da Inmigración (FGI). El matrimonio vive desde 2006 en Santiago, donde reside toda su familia: su hijo, su nuera y sus dos nietos, además de su hermano y una sobrina. Todos ellos, legales. La mujer lleva tres años intentando regularizar su situación administrativa pero no lo consigue. Es prácticamente imposible: el Gobierno exige al empleador que firme un contrato anual por ocho horas diarias y que acredite que sus ingresos son suficientes para pagar esa nómina. “Debe justificar que dispone de unos 1.500 euros mensuales”. Y no es el caso.

 La policía acudió al domicilio del matrimonio inmigrante y, en presencia de sus dos nietos, menores de edad, les requisó los pasaportes para incoarles de inmediato un procedimiento de expulsión preferente. Los ficharon. El FGI denuncia persecución policial contra la pareja y reprueba los “desproporcionados” métodos “previstos en los casos de presuntos delincuentes con riesgo de huida”. Ha presentado un informe ante la Subdelegación del Gobierno.

“Casi ningún empleador doméstico cumple los requisitos que marca la Ley de Extranjería”, alerta el portavoz del FGI, Miguel Fernández, que explica que la Administración “solo tiene en cuenta la nómina de la persona que contrata, normalmente pensionistas con ingresos insuficientes para justificar el pago de un contrato anual por ocho horas diarias”. El problema es que “no se valora que estos empleadores puedan tener otras fuentes de ingresos para contratar la ayuda doméstica, como aportaciones de hijos u otros familiares”.

A la pareja de Santiago se le ha venido el mundo encima. En realidad, lo vieron venir ya cuando la mujer comenzó a fracasar en sus intentos por regularizar su situación. La última opción fue presentar una petición de arraigo social considerando que toda su familia vive en la misma ciudad y que ellos, que comparten el domicilio con su hijo y su nuera, cuidan de los menores durante las largas jornadas laborales de los progenitores en el sector de la hostelería. Tampoco fue atendido. “Estamos hundidos y los niños, muy afectados”, explica Paola, la nuera, sobre la situación de sus suegros, sin pasaporte, obligados a presentarse cada 15 días en comisaría “como si fueran criminales” y con la ansiedad generalizada en la familia, consciente de que en una de esas comparecencias “pueden ser expulsados de su hogar”. “No sabemos si llevar a mi suegra a un psicólogo; no sabemos qué hacer”, detalla Paola la desazón.

Fernández sostiene que este no es más que un ejemplo de los numerosos casos “silenciosos” de “injusta persecución policial” como consecuencia del “endurecimiento” de la Ley de Extranjería. El colectivo al que representa cita la “persecución” del colectivo de vendedores nigerianos y senegaleses a quienes en A Coruña se les ha impuesto una tasa por decomiso de mercancía, “robándoles su único medio de vida”. Y menciona, además, la “desafortunada” intervención de policías locales de la comarca del Barbanza la pasada Navidad.

En lo que respecta a los inmigrantes empleados en trabajos domésticos, como la mujer de Santiago sobre la que pesa la amenaza de deportación, el Foro alerta de que la inflexibilidad de la Administración “poniendo trabas a la renovación de las autorizaciones de residencia” aboca a la exclusión a familias que llevan “años residiendo y trabajando aquí de forma regular”. El problema se agrava, sostiene el colectivo, con el recorte en la prestación de los servicios sociales por la Xunta a los inmigrantes “con el escandaloso tijeretazo del 70% de los presupuestos destinados a cooperación internacional”, similar al del resto del Estado. Para los extranjeros, “todo se dificulta”, hasta la posibilidad de demostrar, como en el caso de la mujer compostelana, que tienen un empleo estable y un fuerte arraigo social.

 

 

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