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Los emigrantes retornados se movilizarán hasta que Hacienda retire la tributación «inxusta»

(04/07/2014)

Los emigrantes retornados se movilizarán hasta que Hacienda retire la tributación «inxusta»

Emigrantes retornados se manifestaron ayer frente a la sede de la Agencia Tributaria. álvaro ballesteros

 
 

La Plataforma de Emigrantes Retornados volvió ayer a concentrarse frente a las oficinas de la Agencia Tributaria. La manifestación, que duró una hora y media y reunió a unos treinta afectados, busca terminar con una ley que les obliga a tributar desde el 2008 por las pensiones obtenidas en el extranjero, dato que no ha constado en la declaración de la renta hasta el año pasado. La movilización fue secundada a la misma hora en los otros diecinueve municipios donde la plataforma tiene delegación, como A Coruña, Ribeira o Cee.

La norma, aprobada en el 2006, no entró en vigor hasta dos años después, con el Gobierno del PP. Es Montoro el que la saca del cajón, aplicándola con carácter retroactivo y cogiendo desprevenidos a los emigrantes retornados, que deberán pagar una multa con intereses de demora.

Manuel Domínguez, responsable da la plataforma en Santiago, explica que «non somos criminais e quérennos aplicar unha lei inxusta e descriminatoria para pagar os pratos rotor de Facenda. Primeiro dixéronnos que non facía faia declarar en España, e despois mentres un español tributa dende os 22.000 euros, nós facémolo dende os 11.000». Manuel, de 68 años, estuvo ejerciendo de albañil con un permiso en la construcción suiza. Él es uno de los más de 200.000 gallegos que se encuentra ante la tesitura de hacer frente a multas que ascienden a los 12.000 euros.

Galicia, una comunidad emigrante, con 252.310 parados y una cifra de envejecimiento histórica del 146 % -pensionistas que sustentan muchas veces a sus familias-, vive con esto, según Manuel, «unha traxedia coa que hai que solidarizarse». El colectivo de afectados nunca se negó a pagar, pero dice que no va a permitir que les roben con artimañas para hacer caja, y exige que se paren los expedientes, se empiece de cero, y cesen las cartas con amenazas hipotecarias.

Por el momento, la Agencia Tributaria, que niega el trato de «criminales» pero no les exime de pagar las sanciones, no se pronuncia sobre la recaudación obtenida con ellas. El PSdeG, asegura que de mayo a junio 25.000 emigrados desembolsaron 3,5 millones de euros. Tanto este grupo político como el BNG y AGE ya impulsan iniciativas desde el Parlamento para frenar la norma.

 

 

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