La Xunta entiende que se ha conseguido lo que la Administración y los propios afectados perseguían desde un inicio: que no se tratara a los retornados como defraudadores, lo que no les exime de atender sus obligaciones tributarias como el resto de contribuyentes.

Preguntada sobre la petición de las plataformas de eliminar la imposición retroactiva desde el 2008, Elena Muñoz respondió que los afectados están en su derecho de proponer lo que estimen oportuno, pero recordó que se trata de nuevos planteamientos.

Los retornados tendrán desde el 1 de enero del 2015 seis meses de plazo para regularizar las pensiones percibidas del extranjero desde el año 2008. Y aquellos contribuyentes que hayan abonado las multas, intereses o recargos tendrán derecho a la devolución. La Xunta se comprometió ayer con los afectados a facilitar todo el apoyo de la administración tributaria gallega en el proceso de regularización. Lois Leirós, de la coordinadora nacional gallega de emigrantes retornados, reconoció que la retirada de las sanciones constituye un avance, pero ha advertido que los afectados seguirán con su lucha en la calle contra el pago retroactivo. «Nós teremos que pagar dende o momento en que temos coñecemento de que hai que facelo e iso é dende este ano, o primeiro no que se inclúe un apercibimento nos borradores», explicó.

Los retornados pideron detalles a Facenda de cómo se abordará el proceso de regularización, pero la Xunta está a la espera de conocer la letra pequeña del documento de Hacienda para ofrecer información y asesoramiento a los afectados. La conselleira se ha comprometido con los afectados a mediar ante el Gobierno en otras de las demandas que son competencia del Ejecutivo central, como la revisión de todos los convenios bilaterales y la modificación de la ley 35/2006 para que las pensiones de los retornados tributen igual que las del resto de los gallegos que no emigraron al extranjero.