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Eduardo Dizy “La Ley de Nacionalidad debe dar solución definitiva a las circunstancias de los descendientes de españoles”

(22/09/2014)

“La Ley de Nacionalidad debe dar solución definitiva a las circunstancias de los descendientes de españoles”

 

| 21 Septiembre 2014 - Crónicas de la Emigración

 

Marina del Corral felicita a Dizy tras ser elegido presidente del CGCEE.
Marina del Corral felicita a Dizy tras ser elegido presidente del CGCEE.

 

 

Madrid acoge el lunes y martes de esta semana el III Pleno del VI Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), en el que se van a abordar cuestiones planteadas en las comisiones de Derechos Civiles y Participación, de Asuntos Sociolaborales, Asuntos Educativos y Culturales y en la Comisión de Jóvenes y Mujeres, que durante un año han estado trabajando en los temas de actualidad que afectan al colectivo emigrante. La mejora del funcionamiento del CRE, la asistencia sanitaria de los residentes en el exterior y los problemas de los retornados con Hacienda, la supresión de las Aulas de Lengua y Cultura Española (ALCE) y la atención a los casos de violencia de género que también sufren las españolas en el exterior, son algunos de los asuntos que se pondrán encima de la mesa en las jornadas de trabajo. ‘Crónicas de la Emigración’ habló de algunos de estos temas con el presidente del Consejo General, Eduardo Dizy.

Pregunta. El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior va a abordar en su pleno de esta semana los cambios en el funcionamiento de los Consejos de Residentes Españoles (CRE). ¿En qué pueden favorecer a la colectividad las modificaciones que se van a introducir?

Respuesta. La propuesta de modificación de la normativa de los CRE busca, entre otras cosas, una amplia modificación de los procesos electorales de los CRE, a fin de que sean más eficaces y seguros, con una participación más amplia y una eliminación de los impedimentos en la formalización de candidaturas. Igualmente, busca impulsar al máximo la relación de los CRE con la colectividad española.

En general, también se ha pretendido normalizar muchos aspectos del funcionamiento de los CRE que se consideraban deficientes. Finalmente, se ha tratado de abrir caminos para la incorporación de las nuevas tecnologías, como la creación de directorios electrónicos, el envío de comunicaciones a la comunidad por medio del consulado y la facilitación de posible participación en las reuniones de los CRE en forma telemática y por videoconferencia.

P. La Comisión de Derechos Civiles y Participación denuncia un trato discriminatorio a los españoles en la República Dominicana. Al parecer, estos tienen que hacer más trámites para establecerse en el país que los dominicanos en España; el tiempo de permiso es más corto y el coste, elevado. ¿Cómo se podría solucionar este problema?

R. Creo que es una cuestión del ámbito diplomático. Según tengo entendido, se solucionaría con un trato igualitario equiparándolo al que reciben los dominicanos en España. Así que, las gestiones al respecto deben ir en ese sentido, como lo sugiere el consejero por la República Dominicana, Eduardo Pahíno.

Cabe señalar que, tanto el trato como los servicios que otorga el Estado español a los ciudadanos iberoamericanos, son inmensamente favorables y ventajosos en relación a los recibidos por los españoles en esos países. Por ejemplo, la nacionalidad española la pueden adquirir a los dos años de residencia legal en España, entre otros.

P. El pleno de junio de 2013 demandó la creación de nuevos consulados en Venezuela y Cuba, pero el Ministerio alega falta de presupuestos para su puesta en funcionamiento. ¿Por qué se hacen tan necesarios estos consulados?

R. Yo siempre parto de la premisa de que cuando un consejero de un país determinado solicita un servicio fundamental es porque ha detectado y comprobado una carencia importante. Otra cosa es que haya o no las condiciones para poner en funcionamiento estos servicios y que estos se justifiquen bajo la tutela del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Por lo que he leído, el incremento de la población española ha sido extraordinario en estos países referidos, especialmente con las resoluciones de los expedientes de nacionalidad a raíz de la Ley de Memoria Histórica. Por lo mismo, deberían de ponerse en funcionamiento lo más pronto posible para no concentrar y demeritar el trabajo, ya de por sí saturado, en los consulados existentes.

 

Ley de Nacionalidad

P. Una parte importante de los descendientes de españoles en el exterior tiene problemas para acceder a la nacionalidad. Recientemente se ha creado una subcomisión (de la que usted forma parte) orientada a realizar propuestas a una futura Ley de Nacionalidad. ¿Cuáles son esos problemas? ¿Qué aspectos se deben contemplar en la propuesta de Ley de Nacionalidad para solventarlos?

R. En primer lugar, hay que puntualizar que la creación de la subcomisión es una propuesta de la Comisión de Derechos Civiles y Participación, que tendrá que pasar por la aprobación del Pleno para su puesta en funcionamiento.

El objetivo principal es obtener una Ley incluyente, que contemple una solución de manera definitiva para las diferentes variantes o circunstancias que rodean a los descendientes de españoles.

P. La Comisión de Derechos Civiles también reclama que se restablezca la categoría de Secretaría de Estado para el departamento que se ocupa de los asuntos de Inmigración y Emigración. La supresión de esa Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, ¿en qué ha perjudicado al colectivo en el exterior a la hora de abordar sus problemas?

R. Lo entiendo como una cuestión de rango, de importancia dentro de la estructura del Estado. Creo que a la hora de la adjudicación de presupuestos y alcances siempre se verá más favorecida una Secretaría de Estado y, por ende, la repercusión positiva que esto pudiera tener en el exterior.

 

Comisión de Asuntos Sociolaborales

P. En el plano sociolaboral, los cambios en la normativa respecto a la asistencia sanitaria de los españoles en el exterior constituye un motivo de preocupación entre la colectividad. ¿En qué aspectos perjudica a los emigrantes esa normativa y en qué puntos se debería de modificar?

R. Principalmente afecta al colectivo que reside en la Unión Europea porque la asistencia sanitaria en otras zonas geográficas, como en América, no existe a menos de que sean beneficiarios de ayudas no contributivas u otros colectivos, como los ‘Niños de la Guerra’, que la reciben a través de aseguradoras privadas.

P. El Gobierno ha dado marcha atrás y el pasado mes de agosto acordó suspender las sanciones a los pensionistas retornados que no declararon a Hacienda las pensiones que reciben del extranjero, y les dio un plazo de seis meses para regularizar la situación. ¿Qué le parece esta medida? ¿Cree que de esta manera se soluciona por fin el problema?

R. Afortunadamente, la Agencia Tributaria dio marcha atrás en este asunto, que no es poca cosa. El mérito, principalmente, se lo lleva la Federación de Asociaciones de Emigrantes Retornados con su presidenta y consejera del CGCEE al frente, Eva María Foncubierta Cubillana, también los gobiernos autonómicos, como el de Galicia y Andalucía, hicieron gestiones al respecto. Nosotros, desde el Consejo, contribuimos con declaraciones en ese sentido.

 

Asuntos Educativos y Culturales

P. En el ámbito educativo y cultural hay una cuestión que preocupa a los emigrantes, sobre todo a los de Europa, y es la sustitución de las clases presenciales en las Aulas de Legua y Cultura Española (ALCE) por clases semipresenciales, con el consiguiente perjuicio que eso ocasiona a los alumnos, según denuncian los padres. ¿Tienen esperanzas de que, al igual que en el caso de las pensiones, el Gobierno atienda sus reivindicaciones también en este apartado?

R. Hasta donde tengo conocimiento, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se ha posicionado en estudios y mediciones para implantar esta nueva normativa, que tanta controversia ha generado entre los padres de los alumnos. La presidenta de la Comisión de Asuntos Educativos, Miriam Herrero Mondelo, junto con sus compañeros, está defendiendo el modelo anterior en contraposición a la postura del Ministerio con argumentos y respuestas recogidas de los padres y maestros afectados. Adviértase que las clases de lengua y cultura (ALCE) son muy importantes no solo en Europa, sino en los Estados Unidos y Canadá, Brasil y Australia.

P. Más de 500 familias demandan la creación de nuevas ALCE en Irlanda. ¿Cree posible que se contemple esta demanda de los padres a corto o medio plazo, sobre todo si la situación económica en España mejora o se estabiliza?

R. Sí, indudablemente el Consejo General apoyará e impulsará con fuerza reclamaciones legítimas, como las que en este caso consideramos que tienen los españoles residentes en Irlanda.

P. Entre las reivindicaciones de la Comisión de Asuntos Educativos y Culturales figura la necesidad de que TVE difunda parte de su programación en las lenguas cooficiales del Estado, algo que parece lógico teniendo en cuenta que los españoles en la emigración proceden de autonomías con lengua propia. ¿Qué dificultades se pueden presentar para que esta propuesta no sea tenida en cuenta?

R. En esta cuestión consideraremos seriamente cualquier propuesta concreta que la Comisión de Educación y Cultura presente al Consejo.

P. Se habla de numerosos casos de jóvenes españoles en Centroamérica que piden la extensión de los centros de la UNED a sus países de acogida para poder cursar estudios superiores con mayor facilidad. ¿Verán ellos satisfecha su demanda? ¿Cree que será posible en estos momentos?

R. Claramente las tecnologías modernas permiten ampliar y extender servicios a colectivos dispersos y, sin gastos excesivos. No dudaremos en apoyar cualquier propuesta razonable que presente la Comisión de Educación y Cultura.

 

Comision de Jóvenes y Mujeres

P. Los casos de violencia de género que sufren las mujeres se dan tanto dentro de España como en el exterior. La delegada del Gobierno para la Violencia de Género anunció la firma de un protocolo entre los ministros de Sanidad, Seguridad Social e Igualdad; Asuntos Exteriores y Cooperación y Empleo y Seguridad Social para colaborar conjuntamente en el tratamiento de estos casos. ¿Qué puede aportar este acuerdo y qué medidas se deberían implementar para mejorar la atención a las afectadas?

R. En todo esto creo que corresponde a la Comisión de Jóvenes y Mujeres el definir y proponer posibles aplicaciones de la normativa española para la protección de las mujeres españolas en el exterior.

 

 

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