Se trata de una propuesta para revocar la reforma electoral que PP, PSOE y los nacionalistas catalanes y vascos aprobaron en 2010 y que supuso obligar a los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) a pedir con antelación el ejercicio del voto como requisito para poder participar en unos comicios.

Aquella reforma, nacida para evitar el fraude del voto emigrante, trajo como consecuencia el desplome de la participación de los inscritos en el CERA, lo que incrementó las voces pidiendo una rectificación. A los que se opusieron desde el primer momento, IU, BNG, UPyD y CC, se fueron sumando los propios firmantes de la reforma del 2010, incluyendo CiU, el PSOE y algunas organizaciones territoriales del PP.

La propuesta gallega fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso en marzo de 2014, con el voto del PP, pero desde entonces no ha avanzado un milímetro. Los plazos de presentación de enmiendas se han ido ampliando semana tras semana y ya van más de 40 prórrogas.