El de ayer no fue un Consejo Interterritorial de Salud al uso de los últimos años. Las pasadas elecciones autonómicas dibujaron un nuevo panorama político y las autonomías que pasaron a manos de los socialistas hicieron valer sus reivindicaciones en la reunión. La principal: derogar el real decreto ley del 2012 que limitaba el acceso a la sanidad pública a buena parte de los inmigrantes que se encuentran en situación irregular. Fue una propuesta respaldada en la calle, coincidiendo con el encuentro de los políticos, con una movilización ante la sede del ministerio convocada por distintas oenegés para exigir la misma demanda. El asunto no estaba incluido en el orden del día, pero al final se acabó debatiendo.

El Gobierno optó por una solución de consenso que intentará concretar en futuras reuniones con las demás comunidades. No se darán tarjetas sanitarias a los simpapeles, tal y como acaban de hacer los gobiernos de Baleares y Comunidad Valenciana y antes hizo Andalucía, pero sí se les garantizará su acceso a la sanidad pública. ¿Cómo? Mediante una solicitud que tendrán que presentar en los centros de atención primaria, donde se les dará un documento para poder acceder a los servicios sanitarios.

«Somos pioneiros»

Es un modelo inspirado en parte en lo sucedido en Galicia, donde la Xunta mantiene desde septiembre del 2012 el Programa Galego de Protección Social de Saúde Pública, que permite a los inmigrantes irregulares que se inscriben en él, en coordinación con las oenegés que ayudan a identificar a los potenciales beneficiarios de esta prestación, recibir asistencia médica.

«Pódese dicir que fomos absolutamente pioneiros», destacó la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, quien advirtió que «non parece razoable que cada comunidade teña unha normativa propia». El ministerio también se fijó en la legislación gallega para proponer ayer el real decreto de gestión clínica, de futura aplicación en todas las comunidades. «Esto reforza o que estamos a facer en Galicia», dijo Mosquera.

Sobre la atención a los simpapeles, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, dejó claro que se descarta «dar la tarjeta sanitaria», porque esta opción supondría abrir de nuevo la puerta al turismo sanitario, que costaba a España 1.000 millones de euros al año: «Si se la damos a todos -dijo? tendríamos que dársela también a los 2,8 millones de europeos que viven en nuestro país».

Para acceder al futuro documento que abrirá a los inmigrantes en situación irregular la puerta del sistema sanitario español, será necesario que estén empadronados en España al menos durante un año, tener el pasaporte en vigor y presentar la solicitud de asistencia en un centro de atención primaria. Luego quedará a criterio de cada médico derivar a los beneficiarios a los especialistas. También tendrán una reducción del 60 % en el coste de las medicinas.