El Ministerio de Sanidad presentó ayer una propuesta para que las comunidades consensúen la manera de prestar servicios sanitarios a las personas sin papeles. Su objetivo es acordar una estrategia común que permita garantizar una atención parecida a toda persona que viva en España y, simultáneamente, evitar una sanción de Europa. El plan incluye la elaboración de un registro nacional de las personas que accedan a estas prestaciones que ha despertado dudas por si esta información iba a utilizarse para identificar inmigrantes e impulsar su deportación. Pero, según el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (el órgano del Ministerio del Interior que gestiona estos asuntos) no podrá acceder al mismo.
«Lo que se plantea es que estas personas estén incorporadas en una base de datos a nivel nacional» para tener registrada una historia clínica individual, aseguró Moreno tras una reunión de la Comisión de Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (uno de los encuentros entre ministerio y comunidades) celebrado ayer. Esta base de datos, recalcó, no se compartiría con el Ministerio del Interior. Pese a que tanto Mariano Rajoy como el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, apuntaron a la necesidad de poder demostrar al menos un año de empadronamiento para acceder al sistema, ahora citan seis meses -de forma continuada e inmediatamente anterior a la solicitud- para acceder al sistema sanitario. En cualquier caso, el secretario general de Sanidad reconoció que es competencia de las comunidades. Cataluña, por ejemplo, ya solo pide tres meses.
El único requisito irrenunciable del Ministerio de Sanidad es cerciorarse de que las personas en situación irregular no tendrán acceso a un documento -tarjeta o equivalente- que les permita recibir atención sanitaria fuera. Hacerlo, insistió Moreno, daría pie a que la Comisión Europea sancionase a España, que no ofrece esta tarjeta a comunitarios que residen en el país sin realizar actividad económica.
Prestación sí, tarjeta no
Sanidad reclama a las comunidades que presten la atención sanitaria a los sin papeles como una actividad de servicios sociales, y no incorporándolos al grupo de asegurados o beneficiarios del Sistema Nacional de Salud. Los sin papeles deberán demostrar que no disponen de recursos para costearse un seguro médico antes de poder acceder a la sanidad.
La propuesta del Ejecutivo también incluye otras condiciones para incorporar al sistema a los que salieron de él tras la aprobación del real decreto 16/2012 «de racionalización del gasto sanitario». Entonces perdieron su tarjeta cerca de 800.000 personas.
Las regiones con Ejecutivos socialistas han reclamado la derogación del citado real decreto, porque que excluye a los simpapeles y porque consideran que la atención sanitaria debe ser universal. En dos semanas, el ministerio se volverá a reunir con las autonomías en busca de consenso, aunque casi todas las comunidades habían encontrado la fórmula para no dejar desasistidos a los inmigrantes sin papeles.
Galicia lleva tres años aplicando un programa similar con dos mil personas inscritas
Llevar empadronado al menos 183 días o no tener recursos ni otro tipo de aseguramiento son algunas de las condiciones
Galicia lleva tres años ya aplicando un programa prácticamente idéntico al que quiere poner en marcha el Ministerio de Sanidad en todas las comunidades autónomas. Desde que el decreto 16/2012 retiró la atención primaria a los inmigrantes irregulares, dejándoles solo con el derecho a la urgencia, el Sergas consideró que la vía de entrada de este colectivo debía ser, como en el resto de la población, la primaria. De ahí que en septiembre de hace tres años pusiese en marcha un programa específico con requisitos muy similares a los que anunció Alfonso Alonso.
Llevar empadronado al menos 183 días o no tener recursos ni otro tipo de aseguramiento son algunas de las condiciones para formar parte de este plan dirigido a los inmigrantes irregulares. El modelo gallego además obliga a renovar cada año, y de hecho hay inmigrantes sin papeles que tras un tiempo han conseguido regularizar su situación y por lo tanto salen del mismo. Hace menos de un año se habían inscrito más de dos mil extranjeros en este Programa Galego de Protección de Saúde Pública, pero casi quinientos lograron acceder a la sanidad por vía ordinaria al regularizarse. El plan gallego, pese a dar una cobertura que según el Sergas es idéntica a la que otorga la tarjeta sanitaria, fue criticada por oenegés y colectivos que defienden a los inmigrantes irregulares, por considerarlo un recorte de derechos que además no redunda en ahorro económico.
