Galicia va camino de contar con medio millón de electores en el extranjero mientras no deja de menguar desde hace siete años su contingente de potenciales votantes en el interior. El cierre del censo exterior para las elecciones generales de diciembre, que acaba de llevar a cabo de manera oficial la oficina del censo electoral, depara un nuevo récord histórico en la bolsa de gallegos con derecho a voto que residen fuera de España.

Mientras para las pasadas elecciones generales del 2011 fueron 378.655 los gallegos radicados en el extranjero con derecho a voto, el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) que rige ya para los comicios de fin de año eleva esa cifra en 58.468 integrantes y la sitúa, por tanto, en 437.123. Nunca antes el censo electoral exterior tuvo tanto peso numérico en la historia de Galicia, pero al mismo tiempo nunca antes fue tan irrelevante su participación, fruto de la reforma electoral que dificulta desde el 2010 el concurso ante las urnas de la emigración. De pasar a votar uno de cada tres emigrantes gallegos en el 2007 se llegó en los pasados comicios europeos a registrar la papeleta de solo un 1,3 % de los integrantes de la diáspora.

Desde que se implantó hace cinco años la obligación de tener que solicitar poder participar en los comicios (voto rogado) y el tráfico postal para emitir el voto requiere de cuatro envíos, el censo electoral gallego en el exterior subió un 19 % a causa de la nueva oleada de emigración como por el proceso de concesión de la nacionalidad española a hijos de emigrados y a nietos de exiliados.

Evolución

En el 2002 eran 279.901 los gallegos con derecho a votar desde otros países, trece años después dicho contingente se ha incrementado en Galicia un 56 %, porcentaje que en el conjunto de España llega al 77 %, básicamente por el efecto de la Ley de la Memoria Histórica, que además ha convertido a Madrid en provincia con mayor número de emigrantes al asignarse a la capital una parte importante de los nuevos nacionalizados. Con todo, el 1,8 millones de emigrantes con derecho a voto con los que cuenta España representa un 5,1 % de su censo total, mientras que en Galicia ya llega al 16,20 %, seis puntos más de lo que ocurría hace catorce años en plena avalancha de denuncias de fraude en la gestión del voto de la emigración.

Mapa local

Únicamente en siete localidades gallegas el peso electoral de la emigración es menor al de la media del Estado: Culleredo, Narón, As Pontes, Cangas, Soutomaior, A Illa de Arousa y Burela, siendo el municipio de la Mariña lucense donde menos huella tiene la diáspora, con solo un 1,3 % de su censo electoral.

En el extremo contrario, 14 localidades tienen ya más electores en el extranjero que en casa: Avión (59,5 %); Bande (58,4); Gomesende (58,3); Quintela de Leirado (56,5) y A Arnoia (55,5), son los casos más destacados, pero que comparten balance censal con otros puntos como Navia de Suarna, Beariz, Boborás, O Bolo, Cortegada, A Mezquita, Ramirás, Verea y Crecente.

Notable es también que sean en total 139 de los 314 concellos de Galicia donde al menos uno de cada cuatro electores vive en otro país.

El censo electoral del exterior se ha incrementado en cuatro años 58.468 personas

Un 20 % no logran inscribirse y la mitad de las papeletas no llegan a tiempo

La Marea Granate, colectivo apartidista de emigrantes españoles repartidos por todo el mundo que reclama sus derechos en pie de igualdad a los residentes en el Estado, cifra en un 51 % el número de electores a los que no les llegó a tiempo las papeletas de las candidaturas que les tenía que enviar la Administración tras haber rogado participar en los últimos comicios europeos. A otro 37,2 % le ocurrió lo mismo en las autonómicas de mayo (la diáspora no tiene derecho para votar en las municipales).

Otro 20,6 % manifestó no haber podido inscribirse a tiempo en el censo exterior al darse por cerrado dos meses antes de la convocatoria de los comicios. Impedimentos para desplazarse a los consulados para inscribirse en el registro consular o votar es el tercer motivo más alegado por los emigrantes que elección tras elección desde el 2010 aseguran que cada vez les resulta más difícil poder votar.

Enfado generalizado

«La gente está muy enfadada con todos los impedimentos que nos encontramos y que al final nos impiden votar», señala desde París Pablo García, portavoz de la Marea Granate. Los cálculos de esta red transnacional es que desde el inicio de la crisis han salido de España 700.000 personas «obligadas a emigrar», pero por la experiencia del propio colectivo son muchos los que no se han inscrito ni en el registro consular ni en el censo de residentes ausentes. «No nos sirve para votar y no nos aporta nada más, con lo que son muchos los que eluden ese paso para así no perder sus derechos sanitarios en España», advierte García apuntando a otra de las luchas de la Marea Granate.

Las previsiones de la organización, que representa fundamentalmente a las nuevas generaciones de emigrantes, es que en las próximas elecciones generales no vote más allá del 5 % de los cerca ya de dos millones de inscritos. «PP y PSOE han hecho sus cálculos y se dan cuenta de que quienes se han visto obligados a abandonar España para buscar trabajo y sobrevivir en el extranjero no les van a votar, y por eso no les interesa ni ampliar los plazos de inscripción en el censo ni acabar con el voto rogado», dice sobre la petición que la diáspora lleva reclamando mayoritariamente desde que se implantó la reforma del 2010, pese a que los dos grandes partidos aseguran preocuparse por la caída del voto exterior.

La Junta Electoral no amplía los plazos

La convocatoria de las elecciones autonómicas catalanas del próximo 27 de septiembre ha sido aprovechada una vez más por la Junta Electoral Central (JEC) para advertir a electores y formaciones políticas que no cabe ningún tipo de ampliación de los plazos marcados por la ley para facilitar que los residentes en el extranjero tengan más margen para solicitar participar en los comicios, recibir las papeletas y remitirlas de nuevo por correo o a través de las oficinas consulares.

Eso sí, la JEC constata que en el caso de las catalanas «se ha recibido un mayor número de solicitudes que las correspondientes a las elecciones celebradas en el 2012 en el mismo período», lo que lleva a anticipar una amplia participación en general.

En el caso de las elecciones generales, el cierre del censo exterior se ha producido porque la Ley electoral establece que quien tenga intención de solicitar su participación en los comicios deberá estar inscrito en el CERA «antes del día primero del segundo mes anterior al mes de la publicación de la convocatoria de las elecciones en el BOE». Con la previsión de elecciones reconocida por Mariano Rajoy para el 13 o 20 de diciembre, la normativa obliga a convocarlas en octubre, lo que ha llevado a cerrar el censo electoral ya en agosto sin que puedan producirse nuevas altas.

El proceso para votar para los inscritos se produce con el ruego para votar hasta 25 días antes de las elecciones. Durante los 34 posteriores a la convocatoria se les enviará las papeletas para que cada elector después las envíe por correo certificado antes del quinto día de las elecciones o las deposite en los consulados entre el segundo y el cuarto día antes de los comicios.