El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, va a reconocer la pensión asistencial (no contributiva) por ancianidad a los españoles retornados de Venezuela hasta que cumplan los requisitos para acceder a las pensiones no contributivas que gestionan las comunidades autónomas, entre ellos tener 10 años de residencia en España, dos de los cuales deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación.

Desde el 31 de diciembre de 2015, según recuerda el Gobierno español, el Instituto Venezolano de Seguros Sociales no transfiere las pensiones a los residentes en el extranjero, algo que criticaban los colectivos de emigrantes retornados del país sudamericano.

“Este Gobierno ha fijado el criterio de valorar la cuantía de estas prestaciones teniendo en cuenta el tipo de cambio real, afectado por la gran devaluación de la moneda venezolana”, ha afirmado la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, quien ha añadido que “la medida beneficiará a unos 300 españoles retornados de Venezuela, que comenzarán a recibir la prestación asistencial antes de finales de este año. Atendemos así la reivindicación de un colectivo que atraviesa una situación de especial dificultad”.

La medida de la Dirección General de Migraciones, que podría suponer un coste cercano a los 1,5 millones de euros, se aplicará con efectos desde principios de este año.

Para el resto de los retornados españoles de Venezuela que no se puedan acoger a esta medida de la Secretaría de Estado de Migraciones, la Seguridad Social está buscando una solución, especialmente para el colectivo de españoles que tienen derecho a una pensión contributiva prorrateada por haber cotizado en Venezuela y en España.