PSOE y Podemos tendrán ocasión en la presente legislatura de cumplir con su promesa de eliminar el voto rogado que tanto malestar está causando entre los residentes en el exterior desde su aprobación, en el año 2011.

El respaldo, aunque con mayoría simple y por la mínima, de los diputados del Congreso a la investidura de Pedro Sánchez para formar un gobierno de coalición con el partido que lidera Pablo Iglesias permitirá a ambas formaciones llevar a término este compromiso, incluido entre los 11 puntos del acuerdo de gobierno firmado por Sánchez e Iglesias el pasado 30 de diciembre.

El apartado 7 del punto 5 recoge textualmente que se eliminará “el voto rogado en las elecciones autonómicas, generales, europeas y municipales”, por lo que, una vez derogado tal requisito, los españoles en el extranjero podrán ejercer el derecho al sufragio sin las trabas y complicaciones inherentes al sistema de voto rogado, que redujo de modo alarmante la participación del electorado en el exterior en los comicios celebrados en España desde su entrada en vigor y hasta la fecha.

La Ley Orgánica de reforma de la Loreg (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) se aprobó en enero de 2011 y, frente a la de 1985, obliga a la colectividad emigrada a rogar el voto en los comicios autonómicos, generales y europeos que se celebran en España, al tiempo que le impide votar en las elecciones municipales, las únicas en las que era obligatorio rogar el voto antes de la aprobación de la mencionada reforma.

PSOE y Podemos ya presentaron en febrero de 2019 en el Congreso una proposición de Ley para simplificar los trámites a seguir a la hora de votar por los inscritos en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), que fue aprobada por todos los grupos de la Cámara, pero quedó sin recorrido legislativo por falta de tiempo.

La proposición de ley contemplaba la reforma del artículo 75 de la Ley Orgánica del 85 para “responder a las demandas de la colectividad española en el exterior y suprimir el requisito de que los españoles residentes en el extranjero tengan que solicitar o rogar el voto”. Como contrapartida, establecía, entre otras medidas, que las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral remitieran de oficio a los inscritos en el CERA el sobre de votación con una papeleta en blanco en la que escribir su opción de voto con el objeto de adelantar los plazos de envío de la documentación electoral.

También se contemplaba ampliar de tres a siete días los plazos para el depósito del voto en urna y se mantenía el sistema de identificación de los votantes introducido en la reforma de 2011, por lo que sería igualmente obligatorio incluir en el sobre el certificado de estar inscrito en el censo y una fotocopia del DNI.

La proposición de ley de PSOE y Podemos reconoce que los residentes en el exterior interesados en cumplir con su derecho como ciudadanos españoles cuentan con “plazos muy breves, tanto para la solicitud de la documentación electoral como para la remisión del voto por correo postal o su deposito en urna”, de ahí las medidas adoptadas para agilizar el proceso.

Acceso a la nacionalidad

Otro de los puntos en los que hace hincapié el acuerdo entre Sánchez e Iglesias y que afecta a los residentes en el exterior tiene que ver con la adquisición de la nacionalidad por parte de los descendientes de españoles nacidos en el extranjero en cualquier momento. Los partidos firmantes acuerdan al respecto que “podrán optar a la nacionalidad española en el caso de que sus madres, padres, abuelas o abuelos” hubiesen gozado de la nacionalidad española, aunque “adquirieran la del país de acogida”.

Retorno

Los partidos que forman la coalición de Gobierno se proponen también, y así lo recogen en el texto, poner en marcha programas de retorno de personas emigradas “para recuperar a quienes salieron” del país en busca de empleo y que “son tan necesarios” para la economía nacional. En concreto, ponen especial énfasis en los jóvenes que han tenido que emigrar en los últimos años y en los investigadores que han tenido que abandonar el sistema científico y que es necesario rescatar para “recuperar el talento”. Al respecto, anuncian un pacto con el máximo consenso de los agentes políticos y sociales que garantice una financiación adecuada y recursos suficientes para modernizar la universidad y “ampliar su capacidad de atraer y retener talento”.

El acuerdo incluye también la recuperación de la cobertura sanitaria universal y gratuita de los españoles en el extranjero.